En el blog de Lorenzo Abadía se publica la propuesta de un Manifiesto por la Liberación de Contenidos de las Instituciones Públicas. Este texto surge de una reunión reunión de varios bloggers defensores de la libertad de expresión en Córdoba el 21 de enero. De hecho, este manifiesto sería un anexo a la Declaración por la Libertad de Expresión Digital.
Suscribo totalmente la propuesta. Además, mientras que la libertad de expresión que es un derecho que prácticamente todo el mundo identifica como necesario (aunque se discuta su alcance), en el caso de la liberación de contenidos públicos su necesidad y utilidad son poco reconocidas entre la ciudadanía, incluso entre aquella que se supone debe estar mejor informada. Este ha sido y es un tema que me preocupa y me indigna. La actitud de las autoridades europeas en general y españolas en particular es lamentable primero por que va en contra de los derechos de los ciudadanos (que con su dinero pagan lo que luego se les niega) y segundo por que va en contra de la creación de conocimiento y de la innovación. Pero lo más triste ha sido experimentar como, por ejemplo en entornos universitarios, siempre que se plantea este problema la gente o no lo identifica como tal o prefiere mirar para otro lado. La censura de los contenidos de las instituciones públcias sólo puede conducir a la mediocridad y a la corrupción. Esperemos que este manifiesto, y la fuerza de la blogosfera, puedan contribuir a cambiar las cosas.
Como parte consustancial al desarrollo de la libertad de expresión, la información es un derecho al que no se puede renunciar si se pretende ser libre.
El derecho a estar informado forma parte de la inalienabilidad de aquellas conquistas sociales que nos brindó la libertad. Sugerido en los artículos 11 y 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, en la Enmienda uno del Bill of Rights de Diciembre 1791 y mencionado expresamente en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 y 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, el derecho de información habita en el haber del ciudadano como lo hacen el de expresión o el de propiedad.
Una persona no es libre sin información y los poderes públicos se encuentran en la obligación jurídica, política y moral de crear las condiciones que faciliten el acceso a la misma siempre que ello sea posible.
Pero cuando el Estado es propietario de cierta información no considerada confidencial, ni catalogada como secreto de Estado, tiene el deber de hacerla pública. La información almacenada en los haberes del Estado ha sido sufragada con los impuestos del ciudadano y debe ser, por lo tanto, ofrecido su retorno en forma de posibilidad de acceso. Hasta hace poco tiempo, tan loable empresa habría resultado imposible, pero ahora constituye una auténtica posibilidad. Hoy, a través de la tecnología digital, una vez organizada la manera de servirla, ya no cuesta distribuirla.
Poder acceder a esa información desde cualquier lugar supone para el Estado cumplir con una obligación latente, satisfacer una demanda social y romper de verdad con la brecha digital, democratizando nuestra sociedad a través del acceso gratuito a la información pública.
Por lo tanto:
Entendemos que toda institución pública debe liberar sus contenidos y hacerlos accesibles para cualquier ciudadano a través de la Red.
Y empezaremos por la que más tiene que ofrecernos, la Televisión Española.
Si el MIT americano y la BBC inglesa lo han hecho, ¿por qué hemos de esperar una década a que la agenda política lo demande?
¡Levantemos el telón en el teatro de la libertad de información!
¡Exijamos a TVE que liberalice sus contenidos en la Red!
