Lawrence Lessig tiene razón. Después de trabajar por la libertad de expresión y por los derechos digitales ha decidido luchar contra la corrupción. No ha cambiado de trabajo, pero si ha acabado por identificar correctamente el problema.
La próxima discusión en el Parlamento español de la LISI, Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, nos debería hacer reflexionar a muchos sobre cual es la raíz del problema y cual es nuestro papel como ciudadanos, si es que tenemos alguno. Ricardo Galli lo explica excelentemente (y copio y pego buena parte de su post en la continuación de éste). Enrique Dans también ha escrito muy claramente sobre este tema y es especialmente recomendable leer su columna de Libertad Digital.
La ley es muy compleja en su planteamiento formal. Algo deliberado para hacerla incomprensible (eso creen) para una mayoría. Posiblemente es lo único que han entendido los políticos de la “economía de la atención” para aplicarla a la inversa: como conseguir que un texto sea lo suficientemente gris, técnico y “aburrido” para que escape a la atención de la mayoría.
Pero la ley es muy simple en sus objetivos no reconocidos: restringir la libertad de expresión, acabar con la neutralidad en la red y evitar que la información pública (aquella que la administración crea o compra con los impuestos de todos) sea pública (se nos “permitirá” su consumo, pero no su uso).
Desde una perspectiva democrática y de defensa de la libertad, esto es incomprensible, pero ¿cuál es el problema?, ¿ignorancia? ¿falta de visión? No, el problema es la corrupción de nuestros gobernantes y de todos los grupos de presión que los apoyan (y probablemente financien, aunque gracias a sus propias leyes este punto es casi siempre imposible de rastrear y demostrar). Una forma de corrupción muy refinada, que podríamos definir como “corrupción legalizada”. No es necesario incumplir ninguna ley; solo se diseñan leyes para primar los intereses particulares (grandes medios, sociedades gestoras de derechos, antiguos monopolios reconvertidos políticamente en oligopolios con posiciones dominantes, etc). sobre los generales. Después solo queda aplicar esas leyes. ¿Es eso corrupción? para mi es un caso claro de “corrupción moral” el hecho de que en un sistema democrático nuestros representantes, de todos los partidos y tendencias (un raro caso de consenso), actúen contra sus ciudadanos. Es la peor forma de perversión política y, por desgracia, la más habitual en nuestros días.
Asistimos a la representación de un caso extremo de nihilismo e hipocresía morales y políticos. Nihilismo por que paraellos no existe ni el bien ni el mal, sólo intereses particulares. Hipocresía por que se permiten maquillarlo todo con una falsa preocupación por la seguridad (incluso la libertad!) de los ciudadanos. ¿Cómo luchar contra este relativismo interesado y perverso? Rompiendo con este aparente consenso. La LISI podrá ser legal, pero los que se oponen deben dejar claro que su posición es moralmente superior. Defienden la libertad y la democracia contra la corrupción moral de los legisladores y sus, siempre ocultos, promotores.
Puede que sea totalmente inútil, pero existe una enorme minoría distribuida (desorganizada desde la visión de nuestros responsables políticos) que debería empezar a jugar un papel donde realmente tiene influencia. No es posible vencer en los juzgados, está muy lejos el día en que los ciudadanos tengan capacidad para influir sobre las leyes (paradojas de un sistema democrático), pero si podemos trabajar para influir activamente en la opinión pública. Tenemos que empezar a crear un estado de opinión. Hay que empezar a asociar en el imaginario colectivo ciertas actitudes políticas con las ideas de corrupción moral, de interés oscuros, en resumen de totalitarismo. Tenemos que empezar a llamar a los comportamientos corruptos por su nombre en todas las ocasiones y foros en los que tengamos ocasión.
Como lo han hecho ya muchos, como Enrique Dans o Ricardo Galli:
… Pero yo soy escéptico, porque como lo explica Lawrence Lessig, se trata simple y llanamente de corrupción.
Libertad de expresión
¿Qué razones habría para dejar que la SGAE –u otra organización– ordenase que se retire contenido de Internet sin que sea necesaria una autorización judicial? ¿Cuál es el interés público? ¿La SGAE podrá hacerlo mejor que los jueces? ¿tienes mejores mecanismos para asegurar imparcialidad y justicia? Lo dudo mucho, porque ni siquiera han sabido administrar justicia con el ya conocido canon.
¿Acaso la SGAE velará por el interés de todos? ¿O es que simplemente “protegerá” los intereses particulares y por lo tanto dejaremos en situación de “desprotección” a la inmensa mayoría que también podría verse afectada?
¿Es cuestión de dinero? ¿la SGAE puede hacerlo mejor con menos dinero? Tampoco creo que sea así, en todo caso el dinero lo pagaremos nosotros vía canon u otro impuesto ad hoc encubierto. Es mucho mejor invertir los impuestos en mejorar el sistema judicial.
O sea, interés social nulo. Razones de peso, ninguna, salvo permitir que la SGAE pueda censurar todo aquello que considere lesivo a sus intereses particulares, los intereses de una ínfima minoría de la población.
Neutralidad de la red
¿Qué interés social puede tener permitir a las empresas discriminar tráfico? (que por cierto, ya lo hace ONO y aquí no pasa nada).
¿Permitir así que podamos tener servicios que de otra forma sería imposible? ¿Telefonía IP? ¿Televisión? ¿Vídeo? Ya tenemos todo eso funcionando, y si no funciona mejor es justamente por restricciones legales más que por razones técnicas. Sino que le pregunten a Skype, Zatto, Goear o Joost.
¿Será que las empresas proveedores de internet no ganan dinero como para hacer viable el negocio? ¿Acaso Telefónica u ONO tienen problemas de pérdidas con sus servicios a Internet? ¿Acaso hace falta más fibra óptica y ésta es muy cara? ¿O Telefónica debe sustituir todo los pares de cobre a corto plazo?
No hay una justificación razonable, y por supuesto el “interés social” de una medida como esta es inexistente.
Liberar la información generada por la administración
¿Por qué no se puede liberar la información –que no sean de datos personales– que hemos pagado entre todos? ¿Por qué hemos de pagar otra vez –normalmente a una empresa privada– por una información que ya hemos pagado con nuestros impuestos?
¿Por qué –si es cierto lo que dicen– rechazan de plano liberar con unas licencias que también permitan el uso comercial? ¿Porque es de “interés social” que sólo unas pocas empresas puedan hacer negocio con esa información?
Inexplicable.
Dónde está la corrupción
Para entender el fondo, y porqué es corrupción hay que escuchar lo que cuenta Lessig sobre este tema. Además es un caso simple, no hay que pensar demasiado para saber cuál es la respuesta legislativa adecuada para no equivocarse.
En primer lugar deberíamos hacernos la pregunta de si la culpa de esto y temas como el canon sólo lo tiene la SGAE –o las empresas telefónicas en el caso de la neutralidad–. No. Es hasta comprensible que la SGAE intente sacar el máximo provecho –aunque no se justifica el abuso–, los verdaderos culpables de todo este desaguisado son aquellos que podrían haber impedido esto. Tiene un nombre: gobernantes y sobre todo legisladores. Son estos últimos los que les han dado el poder a esta especie de “ciudadanos más que iguales”, incluso con más privilegios que la monarquía sin que hubiese hecho falta ninguna “transición” ni nueva constitución.
¿Por qué los parlamentarios de nuevo se oponen a aprobar enmiendas que apoyen los tres puntos mencionados? Por la misma razón que la anterior, al tratarse de un caso simple, sólo puede explicarse como “corrupción”.
¿Por qué? Según Lessig se trata simple y llanamente de dinero en el lugar equivocado. ¿Será porque la financiación de los partidos o de sus campañas dependen de las empresas que están interesadas en que no se aprueben estas enmiendas? Lo más probable.
Quizás todos esos legisladores no tienen ganas de ganarse la antipatía del glamour que les otorga la SGAE, ya se sabe que tenemos elecciones casi cada año y no conviene que esos “artistas” se pongan en contra de los partidos.
Desde hace tiempo ni el propio Ramoncín –ex-rebelde anti sistema– habla mal de los políticos. Los cantautores críticos casi no se los oye. Todo lo que se escucha “masivamente” es muy descafeinado ¿Hay más censura o vivimos una situación idílica? Cada día y elección que pasa parece confirmar que es el silencio pagado con el canon (y que sólo se interrumpe cuando por ejemplo la ley del cine no les asegura los privilegios que ellos pedían).
Yo soy pesimista. no creo que en la LISI final queden claramente definidos esos puntos. Pero al menos ya sabremos a quién echar las culpas: a los corruptos que pudiendo hacer algo no lo han hecho.
