Como no podía ser menos, después de unos años de “políticas de innovación” (pero, tristemente poco innovadoras), vivimos en España una campaña electoral que en lo que respecta a la cuestión del I+D+I (y casi en cualquier otra) podríamos trasladar a cualquier momento de las últimas décadas del siglo pasado.
Los políticos enmascaran en muchas ocasiones su escasa capacidad con términos técnicos que toman prestados de la economía, con la esperanza de que el lenguaje proporcione un aura de objetividad (y casi fatalidad) científica a lo que no es más que una decisión política, que resulta muchas veces de la incapacidad de pensar y actuar de otro modo. Así, oímos hablar de “políticas de oferta y demanda”. Pero las políticas de demanda, las únicas que se han desarrollado en los últimos años y casi las únicas que escuchamos en esta campaña electoral, esconden una visión asistencialista y subsidiadora de la política. La receta es en realidad muy simple. En el mejor de los casos, cuando detectan un problema reparten dinero público entre los afectados con la esperanza de que de este modo solucionen el problema. En el peor de los casos, reparten dinero entre los sectores de la población más susceptibles de modificar su voto a favor del “proveedor” de subsidios.
Pero, ¿no existen otras políticas?, es obvio que si y que solo el agotamiento (en todo el espectro ideológico) de una clase política que ha ocupado el poder (en el gobierno o en la oposición), y han abandonado la vida real, en las vertiginosas últimas décadas explica la ausencia de capacidad para llevar a cabo otras formas de gobernar. Así lo explicaba José Luis Gómez, Por un país más libre, cuando se refería a la actual política gallega en El País hace pocos días.
La política científica no es inmune a esta parálisis que atrapa ya no solo a la que solemos denominar “clase política”. Afecta del mismo modo a toda una capa de niveles intermedios con responsabilidades de gestión pero perfiles fuertemente políticos (y puestos conseguidos casi exclusivamente por “méritos políticos”). Otros dos artículos aparecidos en El País en las últimas semanas son prueba de ello. Por una parte, el presidente del CSIC Carlos Martínez Alonso, Ya no sólo inventan ellos, y por otra el rector de la Universidad de Santiago de Compostela Senén Barro, ¡Déme algo para investigación, que soy rector!, se declaraban a su manera inmensamente satisfechos del papel y logros de la ciencia en España y cifraban todos sus problemas en la necesidad de mayor financiación. Sonaba a viejo, más bien a rancio. Como muestra, ya en Diciembre de 2006 el mismo presidente del mismo CSIC escribía en el mismo periódico sobre La financiación de la ciencia. Los argumentos, con un tono menos triunfalista, eran similares. En aquel momento sentí la necesidad de responder a visiones tan simplistas y publiqué una Carta abierta al Presidente del CSIC: sobre la financiación de la ciencia española. Sigo sintiendo la misma necesidad, pero cada vez tango mayor convicción de que estos esfuerzos son completamente inútiles mientras no haya cambios profundos. Aún así, aprovechando mi participación en las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores, elaboré algunas ideas sobre la relación entre investigación, universidad y empresa, que naciendo de la crítica trataron de lanzar propuestas para un cambio que debería ser fundamentalmente organizativo.
Pero no es momento de ideas para el cambio. Por desgracia parece que antes es necesario que cambien los diseñadores de las políticas públicas. Es una conclusión triste, pero a la que no llego solo ni principalmente por mi propia experiencia. Escribo todo esto después de leer el artículo que Luis F. Rull (el padre de Luis Rull y catedrático de Física en la Universidad de Sevilla) que apareció el 28 de Febrero en la la edición andaluza de El Mundo y que su hijo publica en su blog (I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull; pdf).
Dos cuestiones me quedan claras de su lectura. El profesor Rull tiene una visión clara y profunda del sistema de I+D+I español, de sus problemas y de los tipos de cambio precisos. Pero es una visión desesperanzada fruto de años de intentos vanos que han chocado con la incapacidad o desinterés político. En esa desesperanza muchos verán un peligro (al ir contra “su” sistema), yo percibo una pasión por su tierra, Andalucia, que hace que le duela aún más la situación.
El artículo explica el problema general a partir de la historia particular de la política cientifica andaluza en la última legislatura y de un informe sobre el estado del I+D+I andaluz que fue contratado por las autoridades políticas, fue comunicado sin recibir críticas, y que identificaba adecuadamente los problemas y apuntaba soluciones. Pero, una vez más, estas evidencias no ha motivado ningún cambio:
… Mi opinión es que la Junta de Andalucía no realiza bien esta “fundamental tarea” a pesar de haber oído las alarmas sobre su mala gestión y de haber tenido a su disposición los diagnósticos y las soluciones. ¿Razones? No se me ocurren otras que la desidia o la cobardía.
En Enero de 2004 altos cargos de la Junta recibieron un informe en el que se enumeraban algunas de las debilidades del sistema andaluz de I+D+i: la baja inversión en comparación con España y con otras comunidades autónomas, la escasez de recursos humanos, la ausencia de una masa crítica en áreas importantes, la concentración excesiva del gasto público, las diferencias importantes entre grupos y áreas de conocimiento para realizar investigación de calidad y la escasa capacidad de investigación e innovación en las empresas … un encargo del Prof. Francisco Gracia, entonces Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía …
…
Nada más se supo de aquello. Después de más de cuatro años todo sigue igual. Aunque se ha progresado algo en términos absolutos, Andalucía sigue sin alcanzar la media de España y la distancia con las comunidades más ricas se acrecienta. La comparación con la mayoría de los miembros de la Unión Europea es tan dolorosa que la vergüenza impide reseñarla.
Luis F. Rull restringe sus conclusiones al territorio andaluz, donde identifica una gravedad de la situación aún mayor que en otras regiones españolas, pero el diagnóstico podría extenderse a buena parte del territorio:
Da la impresión de que estamos ante un Gobierno con un grupo de gestores agotado, que es incapaz de hacer políticas con el vigor necesario. Cuando tienen buenas ideas, cuando son capaces de entender la importancia de la sociedad civil en el progreso, prefieren dejarse llevar por la inercia de lo hecho hasta ahora, como si pensaran que si no cambia nada, no van a tener problemas. Políticas conservadoras stricto sensu.
Después de tantos años y tanto dinero invertido procedente de fondos autonómicos, nacionales y FEDER, no se ha conseguido avanzar lo suficiente. Sólo nos queda la iniciativa, la ilusión y el sacrificio de grupos de investigación que no se resignan y que trabajan “a pesar del gobierno”. Y mi impresión es que el número de estos “resistentes” no hace más que descender.
En políticas científicas los investigadores vemos con demasiada frecuencia que en las universidades y centros de investigación sólo se consigue prosperar personalmente con dos estrategias: o dedicándose a la política, de tal forma que cuando vuelves te “premian” con un Instituto de Investigación ad hoc, o apuntándose a alguna “moda científica” en la que los profesionales de la política vean algún rédito electoral. Olvidan comprobar si el historial internacional de publicaciones es alto y concordante con la investigación propuesta, o la importancia estratégica que la comunidad científica ve en esas áreas de investigación. El poder político sabe mejor a quién dar recursos. Algunos ejemplos tales como el cambio climático o las células madre embrionarias son elocuentes. Son áreas en las que, independientemente del currículum investigador que se posea, se obtiene financiación especial. Se puede incluso lograr, con algo de suerte, un ministerio como premio.
Y, a partir del 10 de Marzo, ¿seguiremos cuatro años más aplicando el eufemismo de las “políticas de demanda” para que nada cambie?
