El gobierno brasileño ha lanzado la campaña PC Conectado que pretende dar acceso a amplios tramos de la población, de escasa capacidad adquisitiva, a equipos informáticos y banda ancha. La iniciativa combina sistemas de financiación diseñados específicamente para este colectivo (que les permite costear estos productos y servicios con un pequeño porcentaje de sus ingresos mensuales) y campañas de "alfabetización" digital basadas en el uso de software libre.
La campaña ha sido motivo de noticia en el The New York Times, y comentada en Elástico y Worldchaning.
Una de las consecuencias de la iniciativa es el debate abierto en el parlamento brasileño sobre el apoyo de su gobierno al software libre. Este apoyo es decidido y total; así por ejemplo, y además de la campaña PC Conectado, las empresas que contraten con el gobierno deben utilizar software libre. El gobierno argumenta la reducción de costes y la libertad tecnológica como razones. Pero la oposición propone que el software libre debe ser una opción más en un mercado abierto que el gobierno no debe intervenir como, en su opinión, está haciendo ahora.
Me parece que esta es una cuestión de debate y reflexión clave y urgente, pero que no se está abordando en otros países. Básicamente, el gobierno de Lula da Silva ha apostado (no se si consciente o incoscientemente) por las tesis de Lawrence Lessig que expone en su libro Code and other laws of cyberspace (existe una traducción al castellano de la Editorial Taurus, y se está preparando una segunda edición colaborativa utilizando un wiki). Básicamente, Lessig propone que el software (su estructura interna y las reglas por las que se rige su uso y distribución) constituyen una infraestructura "virtual" que determina de facto los mecanismos de regulación de los mercados implicados. En este sentido, la tecnología no sería neutra y las decisiones que se tomen en este nivel de base (no aparente para la inmensa mayoría) serían claves. La alternativa considera que todas las opciones (software libre y propietario) son válidas y deben competrir libremente, y que el uso predominante de un tipo u otro de software no marca las reglas de juego.
Hasta aquí la discusión teórica, pero no nos olvidemos que en la práctica en muchos países (todos?) existe un monopolio (al menos oilgopolio) de una compañía de software propietario. Y que el software está en la base de prácticamente todas las actividades vitales para un país, y, lo que es más importante, para las personas (aunque no usen ordenadores y nunca se conecten a Internet).
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