(Esta entrada se acompaña de una segunda parte donde analizo
una hipótesis alternativa mucho más fundamentada y acorde, en mi opinión, con nuestra realidad
socioeconómica)
El sábado 17 de Mayo El País publicó un artículo de Ignacio Paricio, Catedrático de Construcción de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la que analizaba las causas del precio de la vivienda en España (La vivienda y el “tocomocho”). El artículo se presenta como consecuencia a la reciente polémica sobre la iniciativa de pisos de 30 m2 que el Ministerio de Vivienda ha lanzado, pero en realidad sus partes más interesantes se centran en el análisis de las causas económicas del precio de la vivienda en España.
Debo reconocer que una frase resaltada del párrafo inicial del artículo me hizo albergar esperanzas de obtener una visión alternativa y libre de demagogia del “problema”: “casi todos los aspectos problemáticos de la vivienda surgen del carácter opaco y distorsionado del mercado”. Pero, sólo tuve que esperar un par de frases para comprender que la visión que del mercado tiene el autor es totalmente opuesta a la mía, (y, creo yo, a la definición que nos proporciona la ciencia económica). En pocas palabras, para Ignacio Paricio, el aspirante a propietario, motivado por su urgencia en conseguir vivienda, está dispuesto a invertir todos los recursos económicos disponibles en ese objetivo. Los promotores inmobiliarios, conocedores de este comportamiento, realizan una estimación de la máxima capacidad de endeudamiento (pareja con dos sueldos de 2,500 euros al mes pueden invertir 1,200 euros) y ajustan el precio de la oferta a esa capacidad (con hipoteca a 30 años y a un 3% de interés pueden pagar una vivienda superior a 250,000 euros). El procedimiento es simple y sus consecuencias claras: la formación del precio depende de este proceso y no de los costes del suelo o de construcción o de la dinámica de oferta y demanda.
Supongo que a estas alturas a la mayoría de lectores se le habrán ocurrido algunos problemas a la hipótesis conspirativa de Paricio. Sólo por citar algunos: 1) ¿cómo se ponen de acuerdo todos los promotores?, 2) ¿será por la misma razón que en el sector de las telecomunicaciones o energético? (sectores fuertemente intervenidos en que el estado fija los precios y las condiciones de competencia, o, en realidad, de falta de competencia), 3) ¿qué pasa si un promotor decide vender sus pisos a un precio ligeramente más bajo? (y así, por ejemplo, consigue vender más rápido y puede generar beneficios adicionales mediante una operación financiera con los beneficios obtenidos), ¿quién se lo impide?, ¿cómo?.
Pero la parte más sorprendente del artículo viene al proponer medidas para hacer “transparente” y “eficiente” el mercado: el estado debe intervenir mediante la promoción de un número muy importante (más del 20%) de viviendas de precio “convenido”. Una planificación centralizada en toda regla. Si lo pensamos un poco, se propone un sistema cuasi-marxista de intervención pública en un sector económico para fijar la oferta y los precios. Esto podría ser defendible (aún quedan marxistas, e incluso algún economista marxista), pero no como método para dar transparencia a un mercado. No creo que ni Marx ni los liberales estuviesen de acuerdo. Es curioso que, teniendo a la vista los sectores de telecomunicaciones y energético en que la intrevención pública no ha logrado generara transparencia ni eficiencia, se proponga un modelo similar al sector inmobiliario.
Hay que reconocer que Ignacio Paricio también identifica algunos otros problemas, como la gestión pública, en particular de los ayutamientos, del suelo como método de financiación, pero no los considera en ningún momento como elementos básicos para comprender la situación.
