El sábado pasado
El debate se movió dentro de lo esperado (oposición frontal
del sector pesquero y, con algunos matices, de los políticos presentes y de un
representante de una organización ecologista de ámbito regional). Por supuesto
era sólo una primera toma de contacto y está por ver como el sector pesquero
organizará finalmente su respuesta. En particular, y tal como yo les planteé,
tendrán que tomar en un futuro próximo una decisión optando por la oposición
frontal o por la negociación (para minimizar los impactos, vía selección de
zonas apropiadas, y obtener un reconocimiento de sus derechos de uso de los
recursos marinos).
Con respecto a lo que ya he escrito y presenté en la
reunión, me parecieron interesantes algunos argumentos adicionales de oposición a estos proyectos que surgieron
en el debate:
- daños culturales: la pesca como forma de vida y elemento básico para entender la cultura en la inmensa mayoría de las comunidades costeras gallegas. A mayores, y situándonos en un escenario hipotético de reducción o desaparición de la actividad pesquera en estas zonas, el turismo podría sufrir un grave impacto dado que la pesca constituye por si misma un elemento de atracción turística muy relevante.
- implicaciones
económicas indirectas. Dado que el sector pesquero es la base de una serie
de actividades derivadas que generan un efecto multiplicador, los daños a la
pesca se transmitirían en cascada a la actividad económica de zonas como Costa
da Morte (en las que la pesca supone una parte fundamental de la actividad
económica).
Respecto a este punto, creo que se deberían diferenciar las actividades asociadas específicas (como por ejemplo, los negocios de efectos navales, construcción de artes de pesca, etc) y otras generalistas (que en estos momentos tienen como clientes fundamentales al sector pesquero, dominante en la zona, pero en el futuro pueden dirigirse a otros sectores económicos; por ej., distribución, alimentación, logística etc). Las actividades específicas, obviamente, desaparecerán o cambiarán radicalmente, pero en el caso de las generalistas el impacto es mucho más impredecible (cualitativa y cuantitativamente).
- cuestiones de
equidad intergeneracional. Se descartó de modo tajante la posibilidad de
negociar indemnizaciones (una cuestión que yo planteé en mi intervención; no
como un objetivo principal pero si como un factor a tener en cuenta dentro de
una estrategia negociadora). Las razones esgrimidas fueron dos. En primer lugar
la percepción de que, en un escenario de negociación de indemnizaciones, el
sector pesquero no actuaría de modo unitario perdiendo gran parte de su fuerza.
En segundo lugar, la idea de que toda indemnización, por muy atractiva que
pueda ser para los beneficiarios directos, sería una catástrofe para las
generaciones futuras al permitir la desaparición de una actividad económica
clave.
Respecto a este segundo argumento, creo que el planteamiento que se expresó en la reunión (con aparente unanimidad) es demasiado simplista. En realidad, se está olvidando que unas hipotéticas indemnizaciones suponen una inyección de capital financiero que puede ser empleado en la generación de nuevas iniciativas económicas. Estas nuevas actividades podrían abrir nuevas oportunidades a las futuras generaciones. Por supuesto, estas nuevas actividades pueden no estar ancladas necesariamente a un territorio específico provocando cambios importantes en las poblaciones locales. En este sentido, es evidente el impacto geográfico pero no tanto a nivel individual. Es más, aunque habitualmente no se reconozca en foros públicos, la elevada incertidumbre que afecta a la pesca gallega, está motivando que una parte del sector busque nuevas actividades tanto para si mismos como para sus hijos.
Como resumen de todos estos argumentos, podríamos
plantearnos la siguiente pregunta: ¿Quién
sufre los daños?, ¿los pescadores?, ¿otros sectores económicos asociados?,
¿las futuras generaciones?.
Tal como mostré en mi charla, la evaluación de daños es factible científicamente, aunque complicada por el hecho de que en las estadísticas pesqueras no suelen incluir referencias geográficas suficientemente detalladas, mientras que la evaluación de impactos provocados por infraestructuras tratan precisamente de asociar daños a unas referencias especiales muy específicas. Nuestro grupo está desarrollando metodologías para cubrir este vacío que combinan la compilación de estadísticas robustas (una tarea nada sencilla en el caso gallego) y su desagregación en el espacio mediante la combinación de entrevistas estructuradas (y con validaciones cruzadas entre cofradías y flotas y entre barcos y pescadores) y sistemas de información geográfica.
Otro problema diferente es el criterio para la extensión en
el tiempo de los daños (¿por qué periodo se considera que se deben contabilizar
los daños provocados por una infraestructura permanente) y de reparto de las
posibles indemnizaciones derivadas.
Por último, en la reunión se analizó el error que supone la idea de trasladar directamente el procedimiento seguido en la implantación de parques eólicos terrestres a los proyectos radicados en la zona costera marina. Esta es una tendencia habitual por varias razones: suelen ser las mismas empresas las que desarrollan los proyectos (y parten de su experiencia previa terrestre) y ambos se refieren, aparentemente, a lo mismo (aprovechar la energía eólica). Pero, existen claras diferencias:
|
Terrestre |
Marino |
Derechos de propiedad |
Bien definidos: - Ayuntamientos - Comunitarios - Particulares |
Mal definidos. Sólo existen habitualmente derechos de uso: - pescadores - otros? |
Actividades productivas (previas al parque eólico) |
- escasas - en declive |
- pesca profesional (alto valor económico) |
Valor económico del territorio afectado (antes de la implantación del parque) |
Bajo (zonas forestales de muy baja calidad) |
Muy alto (bancos pesqueros más productivos o zonas de
cría) |
En resumen, los parques terrestres se suelen implantar en
zonas de escaso valor (excepto por el paisaje) pero con derechos de propiedad
explícitos. Por tanto, su impacto económico inicial es siempre positivo (las
consecuencias paisajísticas posteriores serían otra cuestión) y los
beneficiarios (por la venta o alquiler del territorio) están bien definidos (y
por tanto los mecanismos de negociación son claros y sencillos). Pero, en los
parques marinos existen actividades económicas previas de gran valor, la
conectividad horizontal de los ecosistemas hace que los daños en zonas no
afectadas inicialmente puedan ser muy importantes, y los derechos de propiedad
son inexistentes y de los de uso están mal definidos (lo que hace muy difícil
la negociación dado que no existen reglas de juego claras).