Robert Hahn y Cass Sustein han publicado un artículo en The Economists' Voice sobre el papel del principio de precaución en la toma de decisiones políticas (The precautionary Principle as a basis for decision making, Vol. 2, Issue 2, Article 8, versión completa en pdf que requiere registro gratuito previo; acceso alernativo sin registro).
El principio de precaución se está haciendo cada vez más popular, especialmente en Europa donde la UE lo utiliza como criterio básico (al menos aparentemente) en la toma de decisiones sobre políticas ambientales y otras relacionadas (por ejemplo, organismos genéticamente modificados, energía nuclear, seguridad y terrorismo, nuevos medicamentos). Su interpretación más simple la resumen los autores del artículo en la frase "it is better to be safe than sorry", y admite muchos niveles de aplicación. Cuando se utiliza la "precaución fuerte", ante un peligro potencial para el medio ambiente o la salud pública se deberían tomar medidas precautorias aunque las relaciones causa-efecto no se hayan demostrado científicamente.
En realidad, este principio representa una visión simplista del funcionamiento de nuestros ecosistemas y sociedades. No contempla las ideas de riesgo e incertidumbre, características básicas del mundo en que vivimos. Así, el principio nos lleva a no aplicar una nueva tecnología, sistema de gestión o regulación si no podemos demostrar que es inocuo para el ambiente o la salud. Pero, no se plantea si la situación actual conlleva riesgos. Se centra casi exclusivamente en los nuevos riesgos, sin reconocer y evaluar los ya existentes.
Hahn y Sustein proponen que los análisis coste-beneficio pueden ser mucho más útiles en la toma de decisiones, dado que evalúan también los beneficios potenciales (y no sólo los peligros) y comparan el nuevo escenario con la situación actual.
Un caso de efecto perverso del principio de precaución lo podemos encontrar en la aplicación de la evaluaciones de impacto ambiental en España. Existe un amplio consenso en España en que estas evaluaciones tienen escasa utilidad dado que en general son poco rigurosas y suelen concluir lo que le interesa al que las contrata (que normalmente es aquel que tiene más intereses económicos en esa decisión). No niego que todo esto suceda, y lo he criticado muchas veces, pero deberíamos preguntarnos por que esto es así. Creo que el origen está en el concepto que nuestros gestores y jueces tienen de la evaluación de impacto ambiental (y que es similar a la de la inmensa mayoría de la población). Se tiende a asumir que una evaluación "negativa" (donde se demuestra que una determinada decisión conlleva daños potenciales) conlleva la denegación de la obra, actividad, cambio regulatorio, etc. Como consecuencia, se generan todo tipo de presiones para lograr evaluaciones "positivas" (que no demuestren daños).
Desde una perspectiva de análisis coste-beneficio podríamos evitar este tipo de perversidades: no necesitaríamos negar la evidencia para lograr nuestro objetivo, sólo tendríamos que mostrar que la acción propuesta supone una mejora relativa respecto a la situación actual u otras alternativas (aunque conlleve costes). Huyendo de posturas maximalistas podemos llegar a soluciones realistas (y de este modo tomar la mejor decisión y no sólo descartar todas aquellas que no sean perfectas).
