La gestión pesquera, al menos en Europa, necesita reformas drásticas y urgentes que cambien, entre otras cosas, el actual modelo de toma de decisiones. Los "productores" deberían pasar de ser simples "ejecutores" de las decisiones de los gestores políticos (asesorados por científicos que la misma administración pública contrata y paga, y por lo tanto controla estrictamente), a ser responsables de la gestión de los recursos. Este cambio sería (será?) siempre traumático: los políticos perderán poder (pasarán del "ordeno y mando" a facilitadores), y los pescadores deberán (deberían?) asumir su responsabilidad (sus aciertos y fracasos deberían repercutir positiva o negativamente en la sostenibilidad de los recursos y, sobre todo, en su rendimiento económico).
Parece poco probable que este tipo de cambios "traumáticos" se produzcan dada que su rentabilidad en el corto plazo será negativa para sus potenciales promotores. Aún así, existe la alternativa de introducir este tipo de cambios de modo paulatino, de una forma tranquila y maquillada dentro de cambios de apariencia administrativa. Hace unas semanas me preguntaba si un cambio de este tipo no podría significar en realidad la introducción de cuotas individuales transferibles (un cambio radical en el sistema de derchos de propiedad) en la pesquería de Gran Sol.
Hoy, una noticia de La Voz de Galicia parece anunciar otro cambio con la misma estrategia, aunque en este caso los políticos si aceptan la radicalidad de sus decisiones. El gobierno gallego ha decidido eliminar la obligación de que los productos pesqueros se subasten a la baja (subasta holandesa) en las lonjas. La propia noticia reflexiona sobre la transcendencia del cambio:
Plantea un cambio nimio: retirar un artículo de entre 30. Pero ese sencillo gesto podría desencadenar toda una revolución en la historia del sector pesquero gallego. La Consellería de Pesca suprimirá en breve la obligación de subastar a la baja las capturas en la lonja, una imposición que no figura ni en la normativa estatal ni en la comunitaria. Y lo hará no para invertir el sistema -tal y como habían sugerido diversas voces-, sino para dar entrada a cualquier fórmula, novedosa o ancestral, que permita a los marineros rentabilizar sus capturas y mejorar la comercialización del pescado.
Convendría recordar que la obligación de la subasta holandesa nació, ya hace muchas décdas, como un mecanismo de "protección" de los pescadores ante las posibles estrategias de colusión de los compradores en mercados locales con escasa demanda (y oferta). Pero esta medida se ha mantenido inalterada durante mucho tiempo mientras los mercados han cambiado radicalmente. Así, hoy en día, los pescadores no pueden, legalmente, buscar nuevos canales comerciales ni negociar con compradores específicos modalidades alternativas de comercialización (por ejemplo, subastar la producción antes de la campaña de pesca, establecer acuerdos comerciales con precios fijos, ...).
Inexplicablemente, hasta el momento, los responsables políticos habían obviado el problema condenando a pescadores y comercializadores a un único modelo de transacción que, en muchos casos, se había revelado como ineficiente e ineficaz. Por supuesto, una parte de los actores implicados se habían "adaptado" a la situación manteniendo en muchos casos monopolios u oligopolios de facto. En otros casos, y para evitar esta restricción, se habían tenido que inventar fórmulas cuando menos discutibles en el ámbito legal existente:
La supresión de la subasta a la baja permitirá, por una parte, dar cobertura a determinados colectivos que hoy están «bordeando a legalidade», según admite la propia conselleira. Y es que en algunas lonjas gallegas los productores han constituido ya vendedurías que trabajan con contactos y acuerdos comerciales con los compradores y prácticamente han dado por superada la subasta del producto.
La decisión va en la buena dirección. No se cambia un modelo por otro; se da a los productores (a través de las lonjas, como instrumentos de comercialiación gestionados por las organizaciones de pescadores) libertad para organizar su actividad comercial. Pero, ahora se necesita que el cambio sea comprendido y aplicado inteligentemente por los pescadores y que la propia administración deje de intervenir en este tipo de mercados mediante otros instrumentos. Y en esta segunda parte, las noticias no son tan alentadoras; parece que al mismo tiempo que la administración elimina regulaciones, invierte en crear nuevos canales comerciales:
Por lo de pronto, lo que se necesitan son ideas para dar con el canal de comercialización idóneo. Y la fuente de inspiración pueden ser los 13 millones de euros que Pesca destina a promoción de mercados -«un 40% máis que o pasado exercicio»- y que servirán para «botar a andar as novas propostas do sector», explica Gallego.
La financiación pública implicará que la propia administración diseñe neuvos canales de comercialización y/o que evalúe las propuestas de los propios pescadores (y seleccione, por tanto, las que considere má adecuadas). En cualquiera de estos escenarios, serán de nuevo, aunque por otra vía, los gestores políticos los que decidan como se deben comercializar los productos pesqueros. El principal peligro de esta segunda media es que se puede volver a limitar la libertad de mercado; en este caso no por la vía legislativa pero si por la vía de la financiación (sobre todo en un sector demasiado acostumbrado a esperar las soluciones de la administración y poco dado a ir en contra de las propuestas políticas).
