Los proyectos urbanísticos que se suceden en el Mediterráneo español, y especialmente en Valencia, Murcia y la costa oriental andaluza, llevan años debatiéndose en ciertos círculos, pero en las últimas semanas la discusión se ha trasladado a los medios de comunicación y parlamentos. De pronto, hechos de todos conocidos se anuncian como una catástrofe inminente y aguda y muchos se preguntan como ha podido ocurrir y reclaman moratorias. Poco a poco el debate ha ido definiendo posturas y, por una vez, han ido apareciendo argumentos de peso en ambos bandos. Al principio, todo se reducía a la "especualción urbanística" y la "corrupción política", después se empezó a hablar genéricamente de modelos de desarrollo urbanístico y sostenibilidad y, al final, se están empezando a discutir problemas concretos como son el respeto a los derechos de propiedad o la gestión del agua.
El País del sábado 3 de diciembre dedicó una amplia cobertura a los planes urbanísticos de Murcia y Almería y nos puede servir de referencia para ilustrar la cuestión. El artículo principal "denunciaba" el exceso que suponen los planes urbanísticos en debate (Murcia y Almería planean 500.000 casas en el principal litoral virgen mediterráneo). Existen diversos proyectos, en general privados pero algunos con apoyo y participación pública, para transformar zonas rurales de escasa densidad en grandes urbanizaciones, con incrementos espectaculares de la población (pasando en muchos casos de pocos miles de personas a decenas o cientos de miles). Existen algunos factores comunes en todos estos proyectos y en las posturas de los grupos de interés: los proyectos son aprobados en los ayuntamientos (con el apoyo local de casi todos los partidos, y casi siempre de los dos mayoritarios PP y PSOE), existe una oposición frontal de las ONGs ecologistas, y el gobierno autónomo andaluz, del PSOE, se opone y está tratando de paralizar proyectos mientas que los gobiernos murciano y valenciano, del PP, apoyan estos desarrollos e incluso están cambiando su legislación para darles mejor cobertura legal.
Ante esta situación ha sido el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno español el que ha lanzado la señal de alarma. Posiblemente, este Ministerio, ante su falta de competencias para controlar este proceso, ha optado por la estrategia de la denuncia pública para tratar de lograr una alarma social que fuerce cambios. Así, ese mismo día El País resume la postura del Ministerio de Medio Ambiente (Medio Ambiente sólo controla la zona de playa):
El Ministerio de Medio Ambiente ve con resignación la construcción masiva en el sur de Murcia y el levante de Almería, una de las pocas zonas vírgenes de costa del Mediterráneo. El secretario general para la Biodiversidad y la Ordenación del Territorio, Antonio Serrano, afirma que el ministerio sólo tiene competencias en los 150 primeros metros de litoral: "Ahí impediremos que se vulnere la Ley de Costas y se construya más de los permitido. Además, preservaremos todos los espacios protegidos y no permitiremos que se recalifiquen". Por lo demás, "los ciudadanos deciden qué alcaldes quieren y ellos eligen el urbanismo".
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Serrano insiste en que "España no ha aprendido nada del desarrollismo", y critica que el modelo para urbanizar el litoral siga siendo Benidorm y la Costa del Sol, lugares tan saturados que "comienzan a expulsar a los turistas de mayor poder adquisitivo. En el Pilar de la Horadada (Alicante), los alemanes de más dinero se están yendo porque no es agradable ir de vacaciones a un sitio masificado". Serrano califica de irracional la explosión urbanística: "Ocurre en todas partes, la Comunidad Valenciana, Murcia, da igual. Todo es el modelo irracional del ladrillo". Serrano cita gobiernos del PP, pero admite que la frase es aplicable a Málaga y a otras zonas con gobiernos del PSOE.
Estas declaraciones ponen de manifiesto una de las claves del problema: les guste o no a políticos, ONGs y opinión pública española, las poblaciones locales de los ayuntamientos afectados han optado por este modelo de desarrollo. ¿Por qué toman estas decisiones?. Obiviamente por su rentabilidad económica. A veces se aduce que esta rentabilidad sólo es sostenible a corto plazo y que son los promotores los que obtienen los beneficios mientras que los ciudadanos se convierten en los parias de la historia dado que no reciben beneficios y se quedan con un futuro desastroso.
Por tanto, los críticos asumirían que los ciudadanos y gobernantes locales no actúan de modo racional dado que no son capaces de elegir la mejor opción para si mismos. No creo que esto sea así, pero posiblemente las decisiones que se toman estén condicionadas (con efectos perversos) por que una parte de los costes de los desarrollos urbanísticos (como es la construcción de infraestructuras para diversos servicios y su prestación posterior) estén subsidiados y no se incluyan en el balance económico de los proyectos. Respecto a la posibilidad de que los promotores engañen sistemáticamente a los ciudadanos, no parece ni creíble ni respetuosa con las decisiones de los que deciden apoyar este tipo de proyectos.
Es sorprendente la crítica a los nuevos proyectos por continuar con el "modelo Bernidrom". En realidad Benidorm no se parece en casi nada con los modelos que nacen ahora. El impacto ambiental del modelo actual es posiblmente mucho mayor, dado que se basa en un crecimiento horizontal con bajas densidades que ocupan grandes extensiones de territorio, mientras que Benidorm se basa en el crecimiento vertical y las elevadas densidades en espacios reducidos.
Posiblemente la segunda clave del conflicto sea la gestión del agua, un recurso muy escaso en estas zonas coteras áridas. En este sentido, el Secretario General del Ministerio de Medio Ambiente pone de manifiesto una de las paradojas más interesantes de este conflicto. El Ministerio, opuesto a este modelo de desarrollo, es precisamente el que lo ha facilitado al demostrar que es posible suministrar agua de forma sostenible y bajo iniciativa privada en zonas áridas costeras. El plan hidrológico del PP, ya derogado, se basada en las grandes infraestructuras y en los trasvases, un modelo que sólo es posible por iniciativa pública y en que es difícil (pero no imposible) la repercuesión de los costes reales a los usuarios. La alternativa que ha lanzado el gobierno del PSOE, basada en las desaladoras, puede ser objeto de una iniciativa a pequeña escala y puramente privada, y la repercursión de costes es mucho más sencilla económica y técnicamente. De este modo, el propio Ministerio ha abierto la caja de "sus" truenos.
El litoral de Murcia y Almería se puede urbanizar porque el agua ya no falta, se puede tomar del mar. "Las desaladoras son competitivas para abastecer al litoral. El agua no es limitante", añade Serrano. El ministerio planea una decena de desaladoras en el Mediterráneo, pero algunos de los complejos proyectados en Murcia o Almería ya han anunciado que construirán su propia desaladora.
Medio Ambiente incluyó una enmienda en la reforma de la Ley del Plan Hidrológico de junio para que las confederaciones hidrográficas tengan que emitir informes diciendo si hay agua suficiente para los nuevos desarrollos urbanísticos. Serrano reconoce que esos informes, pendientes aún del desarrollo de la ley, no servirán para frenar la urbanización en Murcia y Almería. Serrano culpa en gran parte a los Gobiernos del PP y a su ley del suelo, "que declaró urbanizable todo lo que no estaba protegido".
Este otro artículo (Una autopista paralela al mar y las desaladoras aceleran las obras) proporciona claves adicionales sobre la situación del agua:
Otro de los aspectos que favorece el desarrollo es la llegada de las desaladoras. Hasta este verano, el agua de Mojácar (en Almería) sólo era potable en teoría. Y eso que había mejorado. Hace unos años salía turbia, lo que retraía a muchos compradores. La puesta en marcha de la desaladora de Carboneras ha mejorado la calidad del agua. El Ministerio de Medio Ambiente prevé construir más desaladoras en la zona, pero ya no hace falta que sean públicas. Los grandes constructores han comenzado a construirlas ellos mismos. El agua desalada es cara para la agricultura, pero no para el ladrillo.
Si el agua ya no es un problema (o no tiene por que serlo), sólo quedaría el problema ambiental y paisajístico, si como tal entendemos el cambio de usos del territorio y la transformación de paísajes naturales en otros urbanizados. Pero aquí nos encontramos con que las costas donde se proponen ahora estos macro-planes urbanísticos son las menos urbanizadas urbanziadas en España. Por tanto supone una gran hipocresía denunciar la destrucción ambiental en estas zonas cuando se acepta en el resto de la costa española. No parece razonable tratar de impedir una determinada opción de crecimiento económico (la consideremos o no adecuada) cuando esa misma opción se ha permitido en la mayor parte del territorio, y además no se plantea una alternativa competitiva.
La información sobre el grado de urbanización costera en España debería poder obtenerse en el Centro Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo del Instituto Geográfico Nacional del Minsiterio de Fomento (pero como es habitual, aunque cuenta con los datos, no los proporciona en su web o al menos su acceso no es precisamente sencillo). En cualquier caso El País proporciona algunos datos significativos sobre la extensión de la urbanización de la costa española:
Pese a la fama de comunidad llena de rascacielos que le ha dado La Manga del Mar Menor, el litoral de Murcia es uno de los menos urbanizados. Sólo el 13,6% del primer kilómetro de costa está edificado. En Almería el porcentaje es similar, el 13,5%, mientras que la cifra supera el 50% en Málaga y el 34% de media en la costa del Mediterráneo, según un estudio del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, realizado con imágenes de satélite.
En síntesis, hasta aquí no parecen existir argumentos "fuertes" para oponerse a este tipo de proyectos. Serían fuertes aquellos que implicasen daños ambientales graves o superiores a los ya aceptados en otras zonas o dudas sobre la viabilidad económica (rentabilidad para habitantes y promotores) o la sostenibilidad (agua).
En este debate se han confundido demasiadas veces las preferencias individuales con el bien común. A modo de ejemplo, y regresando a un tema comentado más arriba, a mi puede que no me guste Benidorm y que no desee vivir allí o pasar allí mis vacaciones, pero eso no significa que Benidorm sea un ejemplo de insostenibilidad ecológica o económica. Por supuesto, lo más sostenible ambientalmente es la ausencia de urbanización (y aún más, la ausencia de población), pero, una vez optamos por el desarrollo turístico, Benidrom es uno de los modelos más sostenibles.
En estos últimos días estamos entrando en la útlima fase del debate que se centra en el respeto a los derechos de propiedad. Y aquí si que los opositores a estos nuevos desarrollos tienen argumentos fuertes. Tal como ha reconocido el parlamento europeo y han denuncuado muchos afectados, estos proyectos implican en algunos casos cambios urbanísticos que obligan a los propietarios pre-existentes (que se verán englobados por una nueva urbanización) a adpatarse al nuevo plan, lo que supone desembolsos económicos o la expropiación y pérdida de su propiedad. De este modo se ha generado una enorme inseguridad jurídica dado que este tipo de normas atentan directamente contra la libertad de los propietarios, de los derechos individuales en favor del "bien común". Pero en muchas ocasiones, se meten en el mismo saco estas denuncias legítimas con otras de habitantes que no se ven afectados directamente pero que no desean que el paisaje del que disfrutan se vea afectado por nuevas construcciones. Tampoco parece correcto que sólo se denuncien estos abusos cuando los beneficiados son grandes promotoras inmobiliarias y no cuando los beneficiados son administraciones públicas o se hace por motivos de conservación. Resulta paradójico que los que denuncia los desarrollos urbanísticos para denfender el "bien común", defiendan los derechos individuales (en contra de otro tipo de bien común) para lograr sus objetivos.
Este debate recuerda mucho al que hace meses sucedió en EEUU y es conocido como Kelo vs New London (ha sido muy debatido en la blogosfera). En este caso, la legislación norteamericana dió pie a una sentendcia judicial que permitía la expropiación de una propiedad privada urbana para que se pudiese construir un gran centro comercial que se consideraba tendría un efecto positivo sobre la comunidad.
Este conflicto debería permitir aprender a todas las partes (vecinos de ayuntamientos afectados, promotores, partidos políticos, ecologistas, y ciudadanos en general), estén a favor o en contra, de modo que en el futuro las estrategias de desarrollo urbanístico contemplen los elementos clave del problema. De esta reflexión, personalmente propondría algunos criterios que ayuden a mejorar el impacto económico y la sostenibilidad ambiental de este tipo de proyectos (o de sus alternativas):
- internalizar los costes del desarrollo urbanístico (evitando subsidiar infraestructuras y servicios),
- utilizar modelos de gestión del agua basados en desaladoras por sus ventajas económicas y organizativas (o sistemas equivalentes económica y ambientalmente),
- respetar estrictamente los derechos individuales de los propietarios, independientemente de a quienes se enfrenten, y
- desarrollar proyectos de conservación basados en la iniciativa de los propios interesados (por ejemplo, compitiendo con los promotores al comprar terrenos que se dediquen a la conservación) y no en la prohibición de cambio de uso del territorio (penalizando a los propietarios).
