El protocolo de Kyoto ha recibido críticas por innecesario o por ineficaz (necesario pero insuficiente). El debate sobre la necesidad (realidad del cambio climático y efectos negativos de sus consecuencias) es largo y complejo y posiblemnete ya recibe atención más que suficiuente. Sin embargo, incluso aquellos que critican a Kyoto por ineficaz (aunque necesario) defienden su utilidad como resolución a una parte del problema, c omo ejemplo para el cambio de mentalidades. Esta defensa lleva implícita que, aunque el protocolo no haga disminuir sufiecientemente las emisiones de gases de efecto invernadero, su efecto va a ser positivo.
Cuando se discute sobre el protocolo de Kyoto, pocas veces se coloca en el centro del debate la herramienta elegida: Kyoto no es más que un mercado diseñado para la reduccion de emisiones. Pero además, es un mercado muy particular, diseñado "desde arriba" (por un acuerdo internacional entre gobiernos) en todos sus aspectos (bienes comercializables, precios, mecanismos de transacción, etc). Por tanto, no es un mercado normal que surge de forma espontánea por los intereses de todas las partes y respeta unas reglas de funcionamiento mínimas. A pesar de estas peculiaridades, la herramienta sólo entra en el debate para criticar, de una forma simplista, el hecho de que "Kyoto permita pagar para seguir contaminando".
Los "mercados estatales" (si esto no es simplemente un oxímoron) no suelen funcionar demasiado bien. Uno de los fallos más habituales es la existencia de "free riders" que descubren los resquicios existentes en el armazón legal para utilizar el mercado en su propio beneficio, pero con un efecto contrario al que buscaba el que lo diseñó y lo controla (el estado en este caso). Cuando esto sucede en "mercados privados" el resultado es que los que "se equivocan" son expulsados y el mercado evoluciona a fórmulas que benefician a todos los participantes. Cuando el mercado es estatal esta posibilidad no suele existir: el agente regulador puede "soportar" errores sin necesidad de corregirlos (al fin y al cabo no se juega su propio dinero y su futuro, y por tanto tiene una capacidad financiera prácticamente infinita para soportar sus propios errores).
Serian estatales aquellos mercados en que el estado no se limita a marcar las reglas de juego sino que impone qué se debe comercializar, quiénes y cómo pueden participar y cuánto se debe pagar. El protocolo de Kyoto cuenta con muchas características de un mercado estatal (supraestatal en este caso) y están empezando a aparecer algunos efectos perversos de su puesta en funcionamiento: transacciones que benefician a aquellos que realizan (o realizaban) más emisiones y como consecuencia un resultado opuesto al que perseguía el protocolo (aquellos que han realizado mayores esfuerzos para introducir tecnologías que reduzcan las emisiones sufren costes adicionales).
¿Por qué pueden aparecer estos efectos perversos?. Por ejemplo, porqué en el momento de negociar el protocolo algunos países recibieron cuotas correspondientes a una industria obsoleta, poco eficaz y muy contaminante, mientras que otros ya habían realizado el esfuerzo de modernización y recibieron cuotas mucho menores en términos relativos. Muchas de las industrias obsoletas, localizadas en buena parte en la antigua Unión Soviética y en Europa oriental, simplemente desaparecieron a lo largo de los años 90 o redujeron fácilmente sus emisiones. Como consecuencia los países que albergaban esas industrias redujeron rápidamente sus emisiones y se encuentarn ahora con excedentes de emisiones que pueden comercializar en los mercados creados por Kyoto. Dos artículos recientes nos porporcionan los detalles:
Peter Gordon (What's not to like?) comenta el artículo de Forbes "Bye-Bye, Kyoto" (sólo para suscriptores) y aporta datos que muestran como Europa occidental, la gran defensora de Kyoto, incumple de forma "alarmante" el acuerdo (y en mayor medida que EEUU):
"... The Kyoto rules say that western Europe must get their emissions to a level 8% below those prevailing in 1990. But virtually all those countries -- the only significant exception is Germany -- are going in the wrong direction. The latest available data, covering emissions through 2003, tell us that in the years since the treaty was negotiated, carbon dioxide levels have increased by 7% in France, 11% in Italy and 29% in Spain. The increase for western Europe as a whole was 5.4%.
"After many years of European chatter about the monstrous evil perpetrated by George W. Bush in rejecting Kyoto, it is of possible interest that the increase in carbon emissions in the U.S. during those years was slightly lower (4.7%)."
La razón de esta paradoja no está tanto en la hipocresía de gobiernos que dicen defender una determinada política y hacen otra como de los fallos en el diseño del mercado y en la negociación inicial del protocolo.
Los grandes beneficiados son los países que menos han hecho por la eficiencia energética y de sus procesos industriales. Rusia es el paradigma de este modelo. Así lo explica Matthew E. Kahn (Rewarding Economic Inefficiency: Kyoto at Work) citando un artículo aparecido la semana pasada en The New York Times (In Russia, Pollution Is Good for Business):
The New York Times on wednesday had a great article on Russia's newest export to the West --- carbon credits. There is clear evidence that there are gains to trade between Russia's electric utilities and Western nations.
After reading this article, I'm still puzzling over what are the unintended consequences from these anticipated transfers to Russia? Is this rewarding "bad behavior"? Is this similar to North Korea case where we seem to always be sending $ to its leader in return for his delaying his nuclear program?
Could this Russian case be an example of rewarding "bad behavior" without any dynamic incentives problems? In the case of the North Korean leader, once he recognizes that we pay blackmail he has an incentive to continue developing nuclear weapons to be paid again in the future. Is there an analogous situation here with Russia? I can't see it but I'm an old man!
En Rusia han florecido los negocios relacionados con la comercialización de derechos de emisión. En este negocio participan las grandes, e ineficientes, empresas energéticas rusas que gestionan algunos de los políticos que en su momento negociaron la entrada de Rusia en el protocolo de Kyoto (como Anatoly Chubais, ahora chairman de Unified Energy). Rusia emite en estos momentos sólo un 43% de la cuota que Kyoto le ha asignado para 2012. El excedente está siendo comercializado y así, por ejemplo, la agencia medioambiental danesa está comprando parte de esta cuota para cubrir el exceso de emisiones de su propia industria (ya muy eficaz y que por lo tanto necesita inversiones muy costosas para reducir sus emisiones). Mientras, las empresas rusas pueden utilizar estos ingresos para mejorar su tecnología (asi parece entenderlo el periodista) o para emprender cualquier otra actividad (al fin y al cabo, no está nada claro que los mecanismos tipo Kyoto continuen tras el 2012 y por tanto el incentivo para actuar "correctamente" son escasos).
Estos efctos perversos no deberían llevarnos a la crítica genérica de los mecansimos de mercado como sistemas de gestión ambiental. Más bien, el caso de Kyoto tiene dos aspectos crticables: el mal diseño de los mecanismos de mercado (en concreto la asignación de cuotas, basada en la cantidad inicial de emisiones, y que por lo tanto ha beneficiado a los países más contaminantes), y sus características de "mercado estatal". Posiblemente una cosa ha llevado a la otra. Kyoto puede ser inefciente e incluso perverso, pero, al menos, debería permitir aprender de modo que el futuro post-Kyoto no incurra en los mismos errores.
