Últimamente la idea de las áreas marinas protegidas ha aparecido como la solución casi universal a todos los problemas de conservación de los ecosistemas marinos y de sobre-explotación pesquera. Esta tendencia se observa a nivel mundial desde los años 1980 y, especialmente 1990, y en España un poco más recientemente. En Galicia, donde aún no existe ninguna reserva integral en sentido estricto, el debate sobre las áreas protegidas a explotado a raíz de la propuesta de la cofradía de pescadores de Lira. Esta propuesta es novedosa por dos razones: 1) es la primera propuesta de protección (incluyendo dos reservas integrales) del medio marino en Galicia (aunque ya existe el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, pero que por el momento no excluye la pesca en ninguna parte de su ámbito geográfico); y 2) es una propuesta realizada por una organización de pescadores y diseñada por ellos mismos para mejorar la gestión de las pesquerías. En paralelo el informe de WWF/Adena “Conservando nuestros paraísos marinos” (nota de prensa, informe completo en pdf) ha abierto una nueva línea de debate y propone también la protección de la Costa da Morte, donde se incluye la costa de Lira.
Como resultado de estas iniciativas se han desbordado las noticias en prensa y las declaraciones de políticos de todos los partidos defendiendo, de modo genérico, las áreas marinas protegidas como modelo de sostenibilidad. Pero esta visibilidad pública no ha facilitado hasta el momento un debate serio y en profundidad sobre la utilidad real de estas herramientas de gestión, de los objetivos que se persiguen y que características deben presentar para ser efectivas. De hecho, en estos momentos tanto la administración pública como buena parte del sector pesquero, las organizaciones conservacionistas y los científicos apoyan este tipo de medidas por que, sobre el papel, permiten conseguir una serie de objetivos en un principio contrapuestos: conservar hábitats y especies amenazadas a la vez que sostienen los stocks de recursos explotados. Pero si descendemos a los detalles, y analizamos las evidencias científicas, no todas las áreas marinas protegidas son útiles para todo. Los detalles importan y estamos muy lejos de entrar en este debate.
Algunas
clarificaciones y elementos para el debate
En primer lugar, existe una confusión terminológica (que además de cuestiones formales, refleja la diversidad de filosofías con que se afronta el concepto de área marina protegida). El término área marina protegida se utiliza a nivel internacional como un concepto genérico que identifica cualquier zona marina con algún grado de protección. Las reservas marinas pueden ser equivalentes a un área protegida, pero, en ocasiones, implican un grado de protección mayor. En la legislación española, el concepto de reserva marina de interés pesquero es el único admitido (por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y supone una zona con una gestión especial de la explotación de los recursos marinos y una regulación de otras actividades humanas (como el buceo o la navegación). Las reservas integrales (o “no-take zones”) son zonas donde se excluyen la mayor parte de actividades humanas y, especialmente, la explotación de organismos. En este sentido, en muchas ocasiones se confunden, erróneamente, las áreas marinas protegidas con reservas integrales.
En segundo lugar, las reservas marinas se proponen por diferentes colectivos como una herramienta para diferentes objetivos: 1) la conservación de la biodiversidad (a través de la exclusión, total o parcial, del hombre); 2) la gestión pesquera (mediante la reducción del esfuerzo de pesca o el cierre permanente de reservas integrales); y 3) la gestión integral de la zona costera (utilizando la zonación como una forma de gestionar de manera conjunta los diferentes usos humanos de los ecosistemas costeros). Pero, la consecución de estos tres objetivos en una misma zona no es normalmente posible y en la mayor parte de casos los diferentes objetivos pueden entrar en contradicción. El no reconocer este hecho en el diseño de las reservas puede dar lugar a efectos no esperados y conflictos entre usuarios.
De un modo simple y a modo de ilustración, la mejor forma de lograr la conservación en sentido estricto es excluir la actividad humana de modo total (lo cual obviamente es incompatible con la pesca o la acuicultura, por ejemplo). Por el contrario, el uso de reservas en la gestión pesquera implica la selección de reservas integrales situadas en zonas de cría (“nursery habitats”) o para la protección de reproductores. En ambos casos, el efecto positivo se espera por la exportación de biomasa desde las zonas protegidas a las explotadas (bien de fases larvarias planctónicas o de fases postlarvarias mediante procesos de dispersión o migraciones). Los criterios utilizados para la definición de estas reservas integrales, basados en especies comerciales, no tienen por que coincidir con zonas clave para la protección de especies amenazadas, aunque pueden hacerlo parcialmente. Por último, la gestión de la zona costera implica la protección de ciertos procesos ecológicos esenciales (por ejemplo, flujos de materiales y energía) y hábitats clave (por ejemplo en la protección de las zonas costaneras ante catástrofes naturales), para lo que normalmente se establece una zonificación de usos, que no tiene que ser la más apropiada para la conservación de la biodiversidad o la gestión pesquera.
Desde el punto de vista de la gestión pesquera, el efecto teórico de una reserva marina es equivalente al de la regulación del esfuerzo. En un caso muy simple, proteger un 25% del hábitat sería equivalente a reducir el esfuerzo en una proporción similar. ¿Por qué entonces se utilizan cada vez más las reservas como alternativa a la regulación del esfuerzo?. Principalmente por razones pragmáticas: es mucho más fácil la implementación y control de regulaciones basadas en reservas que las basadas en el control del esfuerzo (es más fácil vigilar un área limitada que controlar los aparejos y capturas de cada barco). Además, las reservas constituyen un seguro contra la incertidumbre que genera las lagunas en nuestro conocimiento sobre la dinámica de los recursos y en las evaluaciones de recursos (en estos casos las reservas proporcionan mejores resultados en el sentido de que el peligro de sobre-explotación se reduce).
Las razones del éxito en España
En España, se asume que las reservas implementadas hasta el momento (principalmente en el Mediterráneo y Canarias) han sido un éxito por que introducen una protección más estricta de los recursos mediante el cierre permanente de zonas a la pesca. Esta visión no se corresponde a la realidad, al menos en su totalidad. Aunque si existen algunos ejemplos de reservas integrales grandes y bien vigiladas (como la de las Islas Columbretes) que han demostrado su eficacia, la inmensa mayoría de reservas de interés pesquero incluyen sólo pequeños enclaves como reservas integrales, que por su escaso tamaño pueden considerarse casi como testimoniales. Entonces, ¿a qué se debe el éxito?. Fundamentalmente a que las reservas marinas han introducido un cambio radical en el modelo de gestión pesquera. Se ha pasado de un modelo de acceso abierto en el que no existen derechos de uso o propiedad, a otro con limitación estricta de acceso introduciendo, de un modo incompleto pero efectivo, derechos territoriales de uso. Cuando se crea una reserva marina se establece un censo de embarcaciones con “derechos históricos” de pesca a los que se les permite seguir faenando dentro de al reserva (excepto en las reservas integrales). Estas embarcaciones suelen ser las de las organizaciones de pescadores (normalmente cofradías) en cuyo ámbito territorial se sitúa la zona protegida. De este modo, se crean derechos territoriales comunitarios dado que a un grupo de usuarios se les otorga la exclusividad de la explotación de la zona. Como consecuencia se produce un cambio en la actitud de los propios pescadores que, en muchos casos, pasan a participar de modo activo en la gestión de los recursos y en la implementación de las medidas de regulación (por ejemplo participando en la vigilancia). Este proceso recuerda al que se ha producido en Galicia en el caso de los “recursos específicos” que desde principios de 1990 se han gestionado mediante derechos territoriales, mejorando claramente los resultados de la gestión (en cuanto a sus resultados económicos y sostenibilidad de la explotación).
Además, la creación de una reserva suele implicar una mayor atención pública y un mayor esfuerzo de la administración que se traduce en más recursos y más vigilancia, por lo que muchas regulaciones (que antes sólo existían sobre el papel) empiezan a cumplirse de modo efectivo.
Por supuesto, un tercer elemento positivo es el efecto de las reservas integrales, aunque en muchos casos su escaso tamaño reduce su efectividad como zonas de protección de reclutamiento o de reproductores. Además muchas de las reservas se han diseñado sin información científica previa y sin la participación de los pescadores (que pueden aportar su conocimiento tradicional), por lo que posiblemente la ubicación de las reservas integrales no sea la más apropiada.
Por tanto, el éxito (caso de producirse) de las reservas marinas en España se debe fundamentalmente a la implementación de facto de un sistema de derechos territoriales, a la mejora en el control de las regulaciones y sólo secundariamente a la protección efectiva de zonas donde se impide la pesca. Esta realidad contrasta con la idea generalizada existente sobre este tema. Esta realidad no significa que una reserva marina no pueda, per se, ser positiva como herramienta de gestión (tal como se ha demostrado en muchos lugares a nivel mundial y en algunos casos en España).
Ideas para el futuro
Ante estas evidencias es preocupante que los implicados en el proceso de creación de nuevas reservas (como empieza a suceder en Galicia) no se planteen claramente que implican estas regulaciones como cambio profundo del modelo de gestión, más allá de considerarlas medidas técnicas equivalentes a la regulaciones de artes o tallas o a las vedas temporales. Aunque las reservas conducen a la creación de derechos territoriales, estos pueden definirse de diversas maneras y no todas son equivalentes en cuanto a sus resultados. Por ejemplo, en España en la actualidad, al no estar definidos explícitamente y sólo como consecuencia secundaria, los derechos no son transferibles lo cual puede ocasionar ineficiencias una vez pasen unos años y empiece a envejecer la flota. Además, la transferibilidad supone un mecanismo de mercado para la resolución de conflictos por el acceso.
En segundo lugar, falta discusión sobre los objetivos específicos que se persiguen con las reservas marinas y sobre la compatibilidad entre objetivos (por ejemplo, ¿son útiles las reservas reproductivas para la conservación de la biodiversidad?, o ¿puede la protección de un hábitat clave incrementar la productividad de un stock explotado?).
Sólo una vez definido el modelo de gestión (tipos de derechos de uso y/o propiedad de los recursos y territorio) y los objetivos se debería plantear el diseño del sistema de reservas. Pero en la situación actual parece que es este último aspecto, la definición de usos permitidos y sus intensidades (por ejemplo pesca deportiva, buceo, estudios científicos, navegación) y las medidas técnicas de regulación pesquera, lo que está en debate.
Por último, el modo en que se implementan las reservas marinas reproduce una vez más uno de los principales problemas del sector pesquero: la dependencia paternalista de la administración pública y de los subsidios. Dado que las reservas marinas se crean para mejorar el rendimiento de las pesquerías, es de esperar una mayor rentabilidad económica para los pescadores que debería ser aprovechada para la desaparición de esta dependencia. Debería pensarse en mecanismos de gestión financiera que asegurasen su viabilidad económica sin necesidad de subsidios externos. La implementación explícita de derechos de uso (y hasta de propiedad) podrían permitir desarrollar mecanismos de este tipo en que los propios pescadores contribuyan a la financiación de los costes adicionales que supone la gestión de una reserva marina. Estos costes se deben fundamentalmente a la vigilancia y a la monitorización y evaluación de recursos (que ya deberían existir sin necesidad de reservas, pero las reservas constituyen en este sentido una buena excusa para generar esta necesidad). Además, la perspectiva de la autofinanciación implica un efecto positivo en la fase inicial de diseño: se plantearán sistemas de vigilancia y monitorización efectivos y poco costosos de modo que sean viables económicamente. Por el contrario, cuando los costes no se introducen en el análisis suelen aparecer propuestas muy refinadas técnicamente pero demasiado costosas (y por tanto irracionales en términos económicos).
