Maurici Lucena Betriu, Director General del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), ha publicado en El País el artículo de opiniónEl sector público y el impulso a la I+D+i. (sólo suscriptores, ver artículo en la continuación de este post). El autor defiende que el sector público debe intervenir de forma fuerte y decidida mediante sus políticas de inversion en el I+D+i empresarial, un punto de vista muy diferente al que planteo habitualmente aquí (tanto en el papel de la administración pública como en el hecho de que la inversión sea el elemento único o fundamental que genere innovación). El CDTI es, obviamente, un organismo público dedicado a la financiación de la I+D+i empresarial por lo que su director, con este artículo, no hace más que defender la razón de ser de su centro (lo cual no tiene por que invalidar sus argumentos).
Sus argumentos básicos son tres:
- la gran complejidad técnica y necesidad de recursos humanos altamente cualificados limita el acceso de las pymes a los recursos necesarios para generar innovación;
- existen alternativas más rentables para los financiadores privados dado que la innovación es una actividad de riesgo;
- el conocimiento generado no es protegible de modo absoluto (lo competidores pueden aprovecharse de las creaciones propias) lo que desicentiva la innovación. [En este último argumento desliza una preocupante referencia a un supuesto "óptimo social" de proyectos innovadores que sería diferente al que libremente deciden las empresas].
Por supuesto, el artículo olvida todas las razones por las que una excesiva inversión pública es contraproducente (por ejemplo, genera incentivos perversos y una enorme burocracia que desvía a las empresas de sus objetivos, crea situaciones de competencia desleal, etc) y toda una serie de evidencias empíricas que demuestran que la inversión pública en la innovación empresarial, por si misma, no es un motor de desarrollo.
Pero yendo a los argumentos del artículo:
- presenta una visión reduccionista del problema, olvidando la naturaleza horizontal, abierta y colaborativa de la innovación (de hecho, implícitamente, parece igualar innovación sólo con creación de productos);
- propone generar un nuevo problema en lugar de solucionar los existentes. Si existen otras opciones más rentables de inversión: o bien son beneficiosas para la sociedad (para eso sirven los mercados), o existe algún problema o intervención pública perversa (como en el caso inmobiliario y la financiación de los ayuntamientos); y
- lo más importante, el autor se lamenta de que el sistema de patentes y protección de la propiedad intelectual no sea más fuerte para evitar cualquier transferencia de innovaciones entre competidores. Se puede entender que una alternativa sería llegar al absurdo del caso americano donde un sistema de patentes mucho más fuerte supone uno de los principales frenos a la innovación.
Lo peor es que la propuesta, aunque se define como "impulso", no parece transitoria, no ataca las razones estructurales que podrían justificar la intervención pública de modo que, pasado un tiempo, la iniciativa privada pudiese ser autónoma. El propio autor plantea que las excepciones a los sistemas de mercado deberían ser muy escasas:
Desde una perspectiva económica ortodoxa y moderna, las situaciones en las cuales es deseable la intervención pública, como consecuencia de la asignación ineficiente de recursos con arreglo a criterios de libre mercado, son claramente acotadas.
Pero resulta chocante que se plantee una excepción precisamente en la actividad que supone el núcleo fundamental de las economías modernas. ¿No supone esta excepción una enmienda a la totalidad a la economía de mercado?.
El sector público y el impulso a la I+D+i
MAURICI LUCENA BETRIU
EL PAÍS - Economía - 21-03-2006
Las situaciones en las que es deseable la intervención pública son claramente acotadas A renglón seguido de la victoria electoral de marzo de 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero consagró el aumento de la productividad como principal objetivo de la política económica. La pobre evolución de la productividad, determinante esencial del crecimiento económico per cápita a largo plazo, ha constituido el talón de Aquiles de la economía española en la última década. Aunque es indudable que la variable mencionada depende de multitud de factores, entre ellos el funcionamiento de los mercados de trabajo y de capitales o la calidad del sistema educativo, no es menos cierto que la escuálida inversión de nuestro país en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) explica una parte significativa del problema. En términos relativos, el siguiente dato es suficientemente elocuente: el gasto en I+D de la economía española en 2004 representó un 1,07% del PIB, poco más de la mitad del promedio de la UE.
Con el fin de paliar este déficit y espolear el incremento de la productividad de la mano de la inversión en innovación, el presidente del Gobierno asumió el compromiso de elevar al menos un 25% anual las partidas de gasto de I+D+i civil consignadas en los Presupuestos del Estado y presentó antes del pasado verano una panoplia de nuevas iniciativas bajo la denominación de Plan Ingenio 2010. Desde una perspectiva económica ortodoxa y moderna, las situaciones en las cuales es deseable la intervención pública, como consecuencia de la asignación ineficiente de recursos con arreglo a criterios de libre mercado, son claramente acotadas. Por esta razón, y por el importante esfuerzo presupuestario, considero necesario exponer cuáles son los motivos que justifican la actividad del sector público como impulsor de la I+D+i. Me referiré exclusivamente a la I+D+i de
carácter empresarial.
En primer lugar, el elevado grado tanto de complejidad técnica como de cualificación de los recursos humanos como el no despreciable volumen de recursos financieros inherentes a los proyectos de innovación impide a un gran número de compañías, particularmente si son pequeñas y medianas
empresas (pyme), plantearse este tipo de inversiones sin poner en peligro el equilibrio de su balance contable y de su cuenta de resultados. En términos agregados, la incidencia de estas "barreras invisibles" es singularmente importante en un economía como la española, cuyo tejido productivo está
configurado, en una elevada proporción, por pyme.
En segundo término, el riesgo asociado a la I+D+i es, por razones obvias, en promedio, mucho mayor que el de opciones alternativas de inversión. Ello sería irrelevante si no fuera porque las relaciones entre los empresarios innovadores interesados en captar fondos y los potenciales financiadores (entidades financieras, por ejemplo) están, en la práctica, contaminadas por asimetrías de información, en el sentido de que los segundos enfrentan serias dificultades a la hora de evaluar con garantías, a un coste
razonable, las posibilidades de éxito de un determinado proyecto de I+D+i. Esta ausencia de "información perfecta" desemboca, en última instancia, en un precio del endeudamiento (v.g., tipo de interés) superior al óptimo desde un punto de vista de eficiencia y, por supuesto, muy por encima del de otra clase de inversiones.
Por último, el fruto más codiciado generado por los proyectos de I+D+i es el conocimiento que contribuye a aumentar la capacidad competitiva de una compañía. El conocimiento es algo parecido a la arena de la playa que se escurre entre los dedos, en la medida en que es verdaderamente infrecuente que un empresario consiga retenerlo por completo y evite, de esta manera,
que sus clientes, proveedores y, sobre todo, rivales se beneficien parcialmente de los resultados de su innovación. Algunos estudios empíricos estiman que el beneficio del conjunto de estos agentes externos alcanza casi un 50% del obtenido por el emprendedor; y es, precisamente, esta
imposibilidad de apropiación total del conocimiento el fenómeno que desincentiva a algunas empresas a abordar inversiones en I+D+i y que, en términos agregados, ocasiona que el número total de proyectos innovadores sea inferior al óptimo social.
Hasta aquí se han señalado tres rasgos fuertemente idiosincrásicos de las inversiones en I+D+i que, dejando a un lado las consideraciones acerca de la preocupante evolución de la productividad española, aconsejan la instrumentación de medidas públicas orientadas a corregir los efectos de las
imperfecciones microeconómicas mencionadas. En el caso de España, algunos ejemplos de acciones del Gobierno son la regulación de la propiedad intelectual por el registro de patentes, las desgravaciones fiscales por actividades de I+D+i en el Impuesto de Sociedades, así como los créditos
blandos y las subvenciones que Industria concede, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a proyectos empresariales innovadores.
