Una visión alternativa de la sostenibilidad: mecanismos de mercado en la gestión y conservación de los recursos naturales
[Documento de trabajo preparado a partir de diferentes contribuciones previas publicadas en este blog y material original] (versión pdf completa)
- Las limitaciones de la iniciativa pública. Alternativas basadas en derechos de propiedad y sistemas de mercado
- Los mercados de bienes y servicios ecológicos, la sostenibilidad y los movimientos ecologistas
- Ejemplos de iniciativas privadas y sistemas de mercado para la conservación
- Galicia: un futuro ambiental alternativo (y realmente sostenible)
4. Galicia: un futuro ambiental alternativo
(y realmente sostenible)
Para finalizar el análisis presentado en este artículo convendría reflexionar sobre la situación gallega y las oportunidades que los sistemas de gestión basados en mecanismos de mercado e iniciativa privada ofrecen para la sostenibilidad ambiental. El pasado reciente y el presente de Galicia se pueden caracterizar como un modelo insostenible social y económicamente de gestión de ecosistemas y recursos naturales. La mayor parte del medio natural, y en especial los sistemas terrestres, o bien no se utiliza económicamente o es explotado con escasa (o nula) rentabilidad económica. La razón de la pervivencia de muchas de estas actividades económicas, en ámbitos como la explotación forestal, la agricultura y ganadería o la pesca, deben buscarse en los subsidios públicos, pero su sostenibilidad futura es muy incierta mientras no constituyan actividades económicamente atractivas. Estos sectores socioeconómicos suelen ser en buena medida dependientes (en algunos casos se podrían considerar cautivos) de la administración pública, lo que genera relaciones de dependencia e inhibe la innovación y generación de nuevas vías de desarrollo socioeconómico.
En este escenario, los subsidios públicos han jugado hasta el momento un papel perverso, en gran medida contrario al propuesto. En lugar de propiciar una transición, han mantenido modelos de uso de los bienes y servicios ambientales insostenibles y han impedido un proceso de innovación. Pero la desaparición drástica de estos subsidios perversos no es una alternativa creible ni viable desde el punto de vista político por las crisis iniciales y la contestación social (y coste electoral) que generaría. Por tanto puede ser más interesante reflexionar sobre un modelo de transición hacia su desaparición. Pero esta transición, además de repensar el gasto público, debería plantearse la creación activa de un modelo alternativo.
Empezando por la primera cuestión, ¿en que deberían invertirse los fondos públicos destinados, de una u otra forma, a gestión ambiental durante esta fase de transición?. Una posibilidad es la transferencia de la inversión pública desde una posición activa e intervecionista a otra más pasiva y respetuosa con la iniciativa privada y los mecanismos de mercado, utilizando por ejemplo incentivos fiscales en lugar de los subsidios. Una segunda línea de actuación podría ir dirigida, en casos en que existen problemas de sobre-explotación (como en la pesca), a la reducción real de usuarios (y por tanto de la intensidad de explotación), especialmente de aquellos con mayores dificultades de supervivencia en un escenario de mercados no intervenidos.
Pero la eliminación de perversiones en el sistema no es suficiente dada la escasa capacidad de iniciativa existente en la actualidad. Para generar condiciones de cambio se precisa la creación de una infraestructura de información y de sistemas de gobierno que sustenten mercados de bienes y servicios ambientales. El desarrollo de herramientas de evaluación de bienes y servicios ecológicos debería estar basado en información transparente y accesible de modo que constituyan un servicio a los ciudadanos más que un método de control gubernamental como se conciben en la actualidad.
Además del cambio de actitud de las administraciones públicas en lo referente a la financación, son precisos cambios drásticos en su papel como regulador. En este sentido, es urgente la definición explítica de derechos de uso y/o propiedad de recursos naturales que en muchos casos permanecen en Galicia en una situación ambigüa que se traduce en la práctica en un acceso abierto que conduce a su sobre-explotación. Por ejemplo, en el caso de la pesca la introducción de derechos de propiedad se podría realizar mediante dos alternativas. En las zonas costeras, se podrían emplear derechos territoriales implementados a partir de las comunidades locales (y sus organizaciones, cofradías), combinando modelos basados en comunidades con sistemas de mercado (que de hecho ya han demostrado su efectividad. En la plataforma continental, donde se desarrolla una actividad pesquera semi-industrial e industrial, se podrían introducir a través de cuotas individuales transferibles. En el medio terrestre, podrían reducirse todo tipo de barreras que en la actualidad impiden que el territorio sea asignado a aquellos usuarios que pueden rentabilizarlo y por tanto van a tener mayor interés en su uso sostenible.
Por último debe realizarse un esfuerzo para el establecimiento de los costes de las actividades económicas dependientes del uso de bienes y servicios ecológicos, que hasta el momento no se contemplan en la mayor parte de casos y se encuentran externalizados (no se imputan a los beneficiarios de los derechos de uso). Una vez definidos esos costes, se podrán diseñar regulaciones y mercados que permitan internalizar los costes ambientales en el balance de cada ciudadano, empresa o institución. Para ello es preciso repercutir los costes reales de productos y servicios en sus usuarios, lo que significa eliminar subsidios o sobre-costes derivados de impuestos.
Por último, la sostenibiliad urbana merece un comentario específico. La calidad ambiental de las ciudades empieza a ser considerada un activo para la atracción de población y actividad económica y uno de los elementos clave en la calidad de vida. Aún así, la gestión ambiental de las ciudades gallegas es aún muy incipiente e imperfecta. Se necesita un notable esfuerzo, por una parte, para entender la ecología urbana (los flujos de materiales y energía dentro de la ciudad y entre la ciudad y su entorno) y, por otra, se necesita desarrollar regulaciones y mercados que permitan internalizar los costes ambientales.
