En una serie de posts previos discutí las ventajas de la gestión privada del agua y los problemas de la gestión pública (incluyendo un resumen del debate público-privado sobre la gestión de los recursos hídricos y el papel que juegan la ideología y la política). Este debate se ha trasladado al caso español y está de plena actualidad por el debate político y público acerca del plan hidrológico nacional y la relación entre el agua y el desarrollo urbanístico (sobre estos temas se pueden consultar: Desarrollo urbanístico, gestión del agua y derechos de propiedad en el mediterráneo español y Como gestionar el agua en un país “seco”: los mercados de servicios ecológicos como alternativa). En mi opinión el debate, tal como está planteado, no tiene una solución satisfactoria para todas las partes dado que se enfoca exclusivamente hacia cuestiones técnicas y se asume que las decisiones sobre los usos del agua (quién, cómo y para qué) deben recaer en exclusiva sobre las autoridades políticas. Sólo cuando se aborde el diseño institucional (desde organsmos a mercados) y se introduzcan a los usuarios en la toma de decisiones se podrán aplicar modelos de gestión relamente sostenibles ambiental y económicamente.
El País en su edición de 23 de Julio planteaba la pregunta ¿Son las desaladoras la solución a la sequía?, a la que respondían dos responsables de la gestión hídrica en España. Adrián Baltanás (Director General de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, AcuaMed), en Un componente estratégico, juega el papel de defensor de la “postura oficial” del gobierno español, defendiendo las ventajas tecnológicas, ambientales, económicas y, sobre todo, políticas de la desalación. En el fondo, defiende a las desaladoras como una forma de “tecnología efímera” (aunque él no la defina así) dado que permiten respuestas rápidas, adaptativas y locales a los problemas y oportunidades que plantea la gestión de los recursos hídricos en un país seco:
… frente a la incertidumbre que plantea la evolución futura de la demanda, el carácter modular de la desalación constituye un mecanismo muy flexible para el ajuste de la oferta, y permite dar respuestas rápidas a las desviaciones al alza de la demanda.
En contraposición, Francisco Cabezas Calvo-Rubio (Instituto Euromediterráneo del Agua), en Superar los localismos, critica a las desaladoras (y a sus impulsores desde el goberino español) por no ser adecuadas … ¡¡ideológicamente!!. Desde mi punto de vista el principal problema de su postura es defender como un fallo lo que sería la mayor virtud “oculta” de las desaladoras: permitir el funcionamiento de mecanismos de mercado en la asignación de recursos hídricos. En segundo problema que trasciende del artículo es la existencia de un “pensamiento de suma cero” y un catastrofismo ambiental que no el autor no justifica con datos objetivos:.
Las desaladoras, como suministro de alto coste, permanente y de base, pueden resolver problemas puntuales de abastecimiento, pero no pueden resolver este problema global salvo que se decida incrementar su producción hasta niveles muy elevados, similares a los de los recursos convencionales, lo que llevará, sin perjuicio de sus importantes impactos ambientales, a costes medios resultantes que resultarán desincentivadores de buena parte de la actividad agraria y harán perder competitividad al resto de sectores. Esto conducirá ineludiblemente al progresivo abandono de tierras regadas hacia procesos urbanizadores y turísticos, que podrán pagar por sí mismos, sin necesidad de ayudas públicas, los altos costes del agua desalada. Podrá así en efecto haber más agua y garantizarse su suministro estable, pero solo para el que tenga capacidad económica para soportar sus altos costes, o a costa de sustanciales subsidios públicos y subvenciones cruzadas, insostenibles a medio y largo plazo.
Asume unos costes ambientales elevados que no justifica y un modelo económico hipotético donde el crecimiento de un sector no tendría ningún efecto positivo sobre otros (por ejemplo, la agricultura de regadío podría beneficiarse de la mayor actividad económica gracias a una mayor demanda de productos de alta calidad). Además Francisco Cabezas asume, en contra de muchas evidencias, que el agua desalada es prohibitiva para el regadío de alto rendimiento.
Pero lo más sorprendente de este artículo es la crítica a los modelos basados en la desalación por conducir a la autarquía y proponer que los modelos “socialistas” (son palabras del autor) son más “solidarios”. Se olvida de que entre la autarquía franquista y la solidaridad soviética, por ejemplo, ha florecido un sistema político (democracia liberal) y económico (mercados abiertos y capitalismo) que generan desarrollo y bienestar. Pero sólo asumiendo este “olvido” se puede entender esta crítica al actual papel de las Confederaciones Hidrográficas:
Es oportuno recordar que las Confederaciones Hidrográficas se conciben en esa misma época, desde posiciones socialistas, precisamente como entidades supraregionales, capaces de vertebrar territorios más allá de sus fronteras políticas, construyendo, a partir de la base fisiográfica de la cuenca hidrográfica, una estructura institucional superior e integradora. En ese caso, como en muchos otros, la superación de los localismos hidráulicos ha sido un rasgo definitorio de la mejor tradición de políticas públicas en materia de aguas. El movimiento de inflexión que parece producirse, de práctica renuncia o postergación de proyectos globales en favor de una creciente autarquía hidráulica, no solo es contrario a este impulso vertebrador, sino que difícilmente se entiende desde posiciones de izquierda, históricamente caracterizadas en el campo del agua por el sueño político de superar los sentimientos de apropiación local, y compartir y allegar recursos para todos de forma solidaria e integradora.
Las confederaciones son, muy al contrario, una gran idea al ajustar escalas ecológicas y económicas permitiendo el desarrollo de modelos económicos y, sobre todo, mercados sostenibles ambientalmente. Puede que esta no fuese la principal preocupación de sus creadores pero se han convertido en un instrumento institucional que puede ser extremadamente útil para estos objetivos. Otra cuestión son los usos políticos que se hagan de las confederaciones y la filosofía que informa las reformas estatutarias actuales. Así, las reformas legales que se están discutiendo se tienden a olvidar de cuestiones de escala y de la utilidad de los mecanismos de mercado, pervirtiendo el modelo que se podría desarrollar con las confedereaciones como instituciones de gobierno de los recursos hídricos. El problema de la autarquía no se debe, en todo caso, a las desaladoras (que serían garantes de mercados abiertos); se debe más bien a ideologías políticas localistas (y por tanto anti-mercado, al eliminar la posibilidad de transacciones entre regiones) y a los subsidios a sectores deficitarios que sólo pueden sobrevivir cuando se invocan razones sociales y culturales, en todo caso localistas, para su pervivencia.
Siguiendo con el análisis de la estrategia que está siguiendo el gobierno español en la gestión del agua es sumamente interesante la lectura de la entrevista a Jaime Palop (Director General del Agua del Minsiterio de Medio Ambiente) en ABC (23 Julio 2006). Defiende los nuevos estatutos de autonomía por que marcan un modelo territorializado de gestión. Pero la territorialización no se traduce en derechos transferibles de propiedad y/o uso, claves para modelos de gestión “gobernados” por los propios usuarios (mediante mecanismos de mercado en el siglo XXI, o con sistemas comunitarios tradicionales en el pasado y que han sobrevivido hasta la actualidad en casos muy concretos). Por ejemplo, según Palop, estos son los problemas a que se enfrenta el gobierno español:
– Es el Consejo de Ministros quien tiene que tomar esa decisión en una situación terriblemente compleja porque tiene, por un lado, que calibrar lo que significaría adoptar una postura de prudencia, de tratar de retener agua para poder mantener el máximo tiempo posible la disponibilidad y, por otra parte, tiene que dar agua para poder realizar una actividad económica, social, turística, ambiental, de abastecimiento a las poblaciones y de mantenimiento del arbolado.
…«El futuro pasa por territorializar parte del agua»
– ¿Y no será mejor, habiendo poca, que sea el Estado quien vele por que sean los ciudadanos y nos los territorios, los que tengana cceso al agua?
– Esa es la postura que está tratando de mantener el Ministerio de Medio Ambiente. El futuro debe psar por un acuerdo entre las partes, y tiene que haber a lo mejor una territorialización del agua, que cantidad de agua es la que tiene cada territorio, siempre partiendo de que hay un agua que es intocable, la de boca y para el medio ambiente, y hay otra de usos económicos y para hacer políticas, de regadíos, social, territorial, etc. Ésta última es la que se puede territorializar.
Entrevistado y entrevistador están totalmente de acuerdo en que deben ser los gobiernos quienes decidan como se debe usar el agua, no los propios ciudadanos. Por ejemplo, se asume que “el agua para el medio ambiente” es intocable. Como declaración de principios es muy correcta políticamente, pero su aplicación permite un margen de arbitrariedad y demagogia preocupantes. Recordemos que la evaluación (económica o social) de los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas es una discusión abierta y que por ahora los resultados son muy preliminares y los consensos científicos escasos. Otro tanto sucede con la cuantificación de la dependencia ecológica de muchos de esos servicios respecto de la disponibilidad de agua.
El gobierno parece defender la territorialización por la vía de las escalas políticas (autonomías) con la limitación de las escalas ecológicas (permitir a un gobierno autónomo gestionar sólo las cuencas “uniautonómicas”). Como ya comenté más arriba, en este aspecto se sigue la filosofía acertada que define el modelo de confederación hidrográfica. El problema surge no tanto al discutir como territorializar sino cuando se debate el cómo y el para qué. Se pretenden trasladar las ineficiencias de la planificación pública estatal a otras instituciones, cuando el problema está en la propia planificación, no en que se estatal o autonómica. Por esta misma razón el problema del trasvase Tajo-Segura no encuentra una solución satisfactoria para ambas partes:
-Está claro que el trasvase del Tajo está garantizando el abastecimiento al Segura. ¿Mantiene que el ATS tiene los días contados?-Yo he dicho que lo que hay que plantearse es el funcionamiento futuro. Aquí hay que hacerse varias preguntas: ¿Partimos del supuesto de que el funcionamiento del Tajo-Segura no es satisfactorio para Castilla-La Mancha? ¿En esa región está cuestionado? ¿En Murcia está cuestionado? Luego, si es un trasvase entre dos zonas y las dos zonas de alguna forma manifiestan reparos, habrá que hablar y habrá que sentar las bases del funcionamiento futuro. Sin dramatismos. Yo lo que siempre he dicho es que no puede ser que esta infraestructura genere las tensiones que está generando, porque esto ni es sano ni es viable. Porque la viabilidad es técnica, ambiental y económica pero también social y territorial, y ahí hay un punto de desequilibrio que hay que retomar. Con la sequía, de alguna forma se están calentando las baterías y se están generando unas tensiones adicionales. En ese sentido, yo sí que pienso que viene un momento muy importante e interesante en el que hay que hacer una planificación nueva, es obligado por ley. Y esa planificación tiene que tener presente el ATS y tiene que reformularse cómo va a funcionar.-En esa reformulación, ¿hay cabida para un trasvase desde el Tajo Medio como propugna Murcia?-Hay hechos objetivos, y es que Murcia necesita agua del Tajo, porque si no no puede desarrollar su actividad económica y eso tendría unas repercusiones importantes para el conjunto del Estado, y porque hay una población importante que vive del ATS como se está demostrando estos días. Pero en el Tajo también hay necesidades. Hay que ver qué recursos hay para el desarrollo futuro, porque además estamos hablando de unas comunidades autónomas que no tienen costa. Y en la costa siempre se puede hablar de que, para los usos más exigentes y a un precio que lo puedan pagar, está la desalación, pero en el interior tienen los recursos que tienen en la propia cuenca. Esto es un tema que no agobia ahora pero que en un futuro tendrá que plantearse. En todo ese conjunto de reflexiones, de necesidades de ambas partes reconocidas, no sólo de abastecimiento a poblaciones, sino que estamos hablando de desarrollo y de mejora de la calidad de los recursos circulantes, y en base a una planificación tiene que haber una solución específica y nueva de trasvase.
