Carlos Martínez, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha publicado en El País (La financiación de la ciencia, $) una detallada propuesta que defiende la necesidad de nuevos mecanismos de financiación de las instituciones científicas públicas españolas. Podría estar de acuerdo con buena parte de los argumentos de Carlos Martínez, en particular de sus diagnósticos, pero me temo que los emplea como meras excusas para presentar una propuesta que, bajo un disfraz de modernidad, esconde la actitud corporativista de siempre y una visión de la sociedad más propia de la era industrial que de la era del conocimiento en que vivimos.
Los argumentos
Carlos Martínez defiende la importancia fundamental de las instituciones científicas, por encima de las personas (los científicos), en nuestro sistema científico. Para ello se apoya en la creciente importancia de la interdisciplinariedad, los grandes grupos y las grandes infraestructuras en los avances científcos. Por el contrario, opina que los avances logrados por las brillantes ideas de los individuos aislados son cada vez menos relevantes. Para crear un contexto que fomente este tipo de ciencia se necesitan “instituciones ágiles, potentes, profesionales y bien equipadas”.
Tras realizar este diagnóstico de la ciencia actual, Carlos Martínez concreta sus propuestas para el caso español para defender que la financiación pública de la investigación científica, además de apoyar a científicos individuales por el interés y calidad de sus propuestas, debe apoyar financieramente a las propias instituciones. Para lograr este fin, y tal como ya sucede con los científicos, propone que se apliquen “mecanismos exigentes y selectivos” que discriminen entre instituciones de modo que se apoyen a aquellas universidades y OPIs (organismos públicos de investigación) que demuestren mayor calidad y producción científica.
¿Cómo lograr este objetivo?. Plantea dos alternativas: 1) aumentar los costes indirectos (overheads) asociados a la financiación de proyectos de científicos de la propia institución, un mecanismo utilizado en Estados Unidos y en Espoaña desde hace años; 2) financiación finalista, independiente de la de proyectos de grupos de investigación, para proyectos institucionales específicos. Martínez defiende esta segunda vía al permitir “aglutinar recursos institucionales”, o dicho de otro modo establecer un mayor grado de discriminación entre institruciones.
¿Los fundamentos teóricos de los argumentos?
¿En que evidencias apoya Carlos Martínez sus argumentos?. Desde mi punto de vista, la visión de la ciencia que se muestra en el artículo se alinea con la vieja teoría de la firma de Ronald Coase y con la teoría de los campeones nacionales tan popular hoy en día entre nuestros políticos y grandes empresas. La teoría de la firma que Ronald Coase publicó en 1937 se puede entender a partir del resumen que se incluye en esta biografía publicada en EconLib.
Firms are like centrally planned economies, he wrote, but unlike the latter, they are formed because of people's voluntary choices. But why do people make these choices? The answer, wrote Coase, is "marketing costs." (Economists now use the term "transactions costs.") If markets were costless to use, firms would not exist. Instead, people would make arm's-length transactions. But because markets are costly to use, the most efficient production process often takes place in a firm. His explanation of why firms exist is now the accepted one and has given rise to a whole literature on the issue.
Por tanto las corporaciones empresariales se explicarían como modelos organizativos que permiten eliminar los costes de transacción que infringen los mercados. En la entrada de la Wikipedia (The Nature of the Firm) explican con mayor detalle cuales son esos costes y recuerdan que Coase al mismo tiempo proponía la existencia de un límite superior al tamaño de una empresa:
Coase noted, however, that there are a number of transaction costs to using the market; the cost of obtaining a good or service via the market is actually more than just the price of the good. Other costs, including search and information costs, bargaining costs, keeping trade secrets, and policing and enforcement costs, can all potentially add to the cost of procuring something with a firm. This suggests that firms will arise when they can arrange to produce what they need internally and somehow avoid these costs.
There is a natural limit to what can be produced internally, however. Coase notices a "decreasing returns to the entrepreneur function", including increasing overhead costs and increasing propensity for an overwhelmed manager to make mistakes in resource allocation. This is a countervailing cost to the use of the firm.
Coase argues that the size of a firm (as measured by how many contractual relations are "internal" to the firm and how many "external") is a result of finding an optimal balance between the competing tendencies of the costs outlined above. In general, making the firm larger will initially be advantageous, but the decreasing returns indicated above will eventually kick in, preventing the firm from growing indefinitely.
Carlos Martínez parece aplicar las ideas de Coase a las instituciones científicas públicas. Pero aunque Coase recibió el Premio Nobel de Economía en 1991, sus ideas sobre las firmas tenían entonces ya más de 50 años (casi 70 años hoy en día). En ese periodo el mundo ha cambiado considerablemente; en especial los costes de transacción se han visto reducidos en muchos ámbitos económicos y particularmente en aquellos relacionados con los “mercados de intangibles” o de conocimiento (donde podríamos colocar a la ciencia) gracias al desarrollo de las tecnologías de la información. Así, si hace 70 años la estrategia organizativa más eficaz era casi de modo universal la creación de grandes corporaciones; a día de hoy muchos sectores se organizan de un modo más eficaz y eficiente con otros modelos más abiertos. Por otra parte, el propio Coase, al tiempo que defendía las ventajas de las firmas, limitaba su tamaño con argumentos económicos, algo que se tiende a olvidar. De hecho el artículo de Martínez no se plantea si existe un límite superior o cual debe ser el tamaño óptimo de nuestras instituciones científicas.
Por otra parte, los argumentos del Presidente del CSIC parecen similares a la teoría de los “campeones nacionales” tan en boga ahora en Europa y que defiende la necesidad de que los países apuesten por grandes empresas en sectores económicos “estratégicos” de modo que cuenten con una masa crítica suficiente para poder competir en los mercados internacionales. La ciencia es un “negocio” global y por tanto las instituciones científicas deberían también contar con esa masa necesaria para poder competir en ese entorno global. Pero, la teoría de los campeones nacionales no es más que eso, una teoría utilizada habilidosamente por algunos políticos para justificar ciertas decisiones y apoyada por los gestores de las grandes empresas que se pueden ver beneficiadas (al eliminar competencia) por ese tipo de políticas. Pero las evidencias científicas no parecen apoyar estos argumentos. K. Fogel, R. Morck y B.Y. Yeung publicaron recientemente en SSRN el artículo Big Business Stability and Economic Growth: Is What's Good for General Motors Good for America?, donde desmontan la teoría de los campeones nacionales. Bien al contrario, lo que parece beneficiar a un país es el recambio rápido de las empresas dominantes en los diferentes sectores económicos fruto de la competencia, más en la línea de la destrucción creativa:
What is good for big business need not generally advance a country's overall economy. Big business turnover correlates with rising income, productivity, and (in high income countries) faster capital accumulation; consistent with Schumpeter's (1912) creative destruction and recent formalizations like Aghion and Howitt (1992). Turnover appears to "cause" growth; and disappearing behemoths, more than rising stars, drive our results. Stronger findings suggest more intense creative destruction in countries with higher incomes, as well as those with smaller governments, Common Law courts, smaller banking systems, stronger shareholder rights, and more open economies. Only the last matters more in lower income countries.
Algunas visiones alternativas de la financiación de la ciencia
Bien es cierto que Carlos Martínez no invoca a Coase ni a los “campeones nacionales” para defender su propuesta, pero ambos están en el núcleo de sus propuestas. Pero las propias evidencias científicas y nuestra inserción en la sociedad red (o la sociedad del conocimiento) ponen en cuestión estos argumentos. Además la ciencia se ha construido tradicionalmente sobre la colaboración abierta de los científicos dentro y entre instituciones y gracias a la libertad de los individuos y del conocimiento generado. Puede que esta tradición se viese comprometida en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la lógica de los grandes bloques geopolíticos permanentemente enfrentados y de una visión cortoplacista de la utilidad económica de la ciencia que ha primado la protección de la propiedad intelectual sobre la colaboración abierta. Ambos procesos provocaron un aumento de los “costes de transacción” entre científicos e instituciones. Pero en la sociedad red (que entre otros cambios vive una drástica reducción de los “costes de transacción”) el modelo tradicional está siendo recuperado y reinventado. Los mercados abiertos y la colaboración libre de los científicos se han revelado como mecanismos de asignación de recursos mucho más eficientes que las políticas dirigistas gubernamentales.
Podemos asumir (¿quién no?) que es positivo disponer de “instituciones ágiles, potentes, profesionales y bien equipadas” y de “mecanismos exigentes y selectivos” de financiación. Pero, por desgracia, el Presidente del CSIC no hace ningún esfuerzo en explicar como, aumentando la financiación, se pueden reconvertir las instituciones actuales, lentas, débiles, corporativas y burocratizadas. Bien al contrario, el “exceso” de financiación podrá utilizarse, como ya sucede en la actualidad, para compensar las partes del sistema claramente deficitarias económica o intelectualmente, al no existir mecanismos efectivos de asignación de recursos dentro de las instituciones.
Pero más preocupante que lo errada que pueda estar la estrategia de financiación defendida por Carlos Martínez, me parece la propuesta oculta que puede existir tras ella, y que seguiría la peor tradición de las luchas institucionales en España. Por ejemplo, defiende, y me parece correcto, que no todas las universidades son iguales en el plano científico, tal como sucede con las otras insitituciones científicas (las OPIs). Pero por el contrario el artículo trata al CSIC como un todo, olvidando que en realidad es un complejo de organizaciones con grados muy variables de productividad científica y eficacia en el uso de recursos. ¿No sería más apropiado defender también la selectividad y exigencia dentro del CSIC, discriminando sus unidades más competitivas y penalizando las menos productivas?.
Por último, dentro de las alternativas para el apoyo directo a las instituciones, Carlos Martínez opta en mi opinión por el peor. En lugar de apoyar un aumento de los overheads, que vinculan la financiación institucional a la calidad de la investigación que realizan sus científicos, propone una vía alternativa con el único objetivo de poder modificar las asignaciones que resultan del uso de los overheads (o lo que es lo mismo, del mecanismo asociado a la financiación de sus científicos). Dicho de otro modo, “premiar” a algunas instituciones con más financiación de la que le correspondería por su calidad científica y, en contrapartida, a otras con menos. Coase y los campeones nacionales podrían justificar esta estrategia, pero no la eficacia de la competencia en la sociedad actual.
Deberíamos recordar lo que la propuesta de Carlos Martínez no dice. En un mundo cada vez más global y abierto a los flujos financieros e intelectuales resulta paradójico que a día de hoy, y en España, resulte más sencillo para cualquier científico de una institución pública colaborar (en proyectos de investigación financiados con fondos públicos) con científicos extranjeros que con personas de otras instituciones españolas. Además las reglas de juego que marcan los organismos financiadores crean un proceso competitivo entre grupos y proyectos en dos fases. En la primera se debe superar un complejo sistema de trabas burocráticas a la colaboración que se convierte en una carrera de obstáculos burocráticos a la que sobreviven pocos. La segunda y final carrera, basada en los criterios de calidad e interés científico se aplica ya sólo a los “supervivientes” (por el camino se han quedado parte de las propuestas más interesantes pues no se acomodaban a los requisitos burocráticos). De este modo, las instituciones se liberan de buena parte de su obligación de discriminar entre propuestas aplicando un criterio científico y se esconden tras excusas burocráticas para justificar sus decisiones.
Por otra parte, resulta aún más paradójico que la “fuerza bruta” cuente más que la excelencia individual en la asignación de fondos, de modo que un científico individual tiene escasas posibilidades de lograr financiación (por muy viable e interesante que sea su propuesta), mientras que un gran grupo tiene casi asegurado su apoyo financiero aunque su productividad per cápita sea escasa (pero la total sea muy elevada gracias a la suma de méritos, en muchos casos escasos, de sus numerosos miembros).
Solucionar las cuestiones anteriores, eliminar barreras burocráticas y proporcionar libertad a los científiicos para organizar su investigación como consideren conveniente (sin barreras basadas en número o en adscripciones institucionales), podría ayudar a colocar el sistema científico español en una posición competitiva en el escenario internacional. Discriminar a ciertas instituciones más de lo que se “lo merecen” (según la calidad de la ciencia que producen) sin cambiar nada más, e incluso cambiandolo, puede por el contrario ayudar a perpetuar las ineficiencias de la ciencia española.
