El pasado 17 de septiembre publiqué en La Voz de Galicia un artículo sobre La oportunidad del gobierno abierto. Este es el texto completo:
Estos días se discute como reducir el coste del funcionamiento de la administración pública en España, sin embargo el verdadero problema no está en el debate: la calidad y pertinencia de los servicios que los gobiernos prestan a los ciudadanos. Por fortuna, en paralelo, el concepto de “gobierno abierto” (“open government”) gana relevancia y puede ayudar a mejorar significativamente la gestión pública con un coste inferior al de los modelos convencionales. Pero no nos engañemos, los gobiernos están aceptando su apertura por obligación, por que la tecnología digital y la nueva cultura que se está instalando en la sociedad lo hacen inevitable.
Una estrategia de gobierno abierto debe trabajar en dos frentes: incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; y desarrollar métodos y procesos para incrementar la participación ciudadana al tiempo que ésta evoluciona hacia modelos más autónomos y propositivos (y no sólo basados en la crítica o la consulta sobre proyectos ya cerrados). Las consecuencias de estos cambios deberían ser mejoras en la gestión y en la toma de decisiones de modo que los gobiernos se centren en los problemas significativos para la ciudadanía y los resuelvan de modo eficiente e innovador.
Un gobierno abierto es el que hace transparente su información, sus procesos y sus mecanismos de toma de decisiones a la vez que incorpora a la ciudadanía como agente activo en la gobernanza. Abrir datos e información, crear procesos de participación, co-diseñar servicios públicos, generar espacios de autonomía para los colectivos ciudadanos, incorporar los proyectos pensados y gestionados desde la ciudadanía en el gobierno ... son algunos de los elementos básicos de una estrategia de gobierno abierto.
La tecnología facilita los procesos de apertura al facilitar el acceso y reutilización de datos e información por los ciudadanos y organizaciones cívicas, pero no es éste un proceso tecnológico. Al contrario, es un cambio radical de la cultura de gestores y políticos y del modelo de relación con los ciudadanos. Las iniciativas de datos abiertos (“open data”) juegan un papel cada vez más importante; los ciudadanos ya no necesitan “información” (interpretaciones que hacen las propias administraciones de su gestión a partir de los datos crudos), pueden desarrollar herramientas que usen esos datos. Numerosas ciudades de todo el mundo, y Nueva York es un ejemplo paradigmático, están aprovechando la potencia creativa de diseñadores, programadores, activistas o analistas para desarrollar nuevos usos (que van del control de la eficiencia en la gestión a aplicaciones para mejorar el tráfico o diseñar espacios públicos) a partir de datos que hasta hace poco solo eran accesibles por funcionarios.
Para estos fines, los gobiernos pueden copiar lo que han hecho la mayor parte de las grandes empresas en los últimos años desmantelando sus departamentos de I+D para centrarse en procesos de innovación abierta y con sus usuarios. Estas empresas lo hicieron primero para reducir los elevados costes que necesita la innovación endógena, pero al poco tiempo descubrieron que los productos y servicios que se creaban de forma abierta eran mucho más innovadores y atractivos para el mercado. En el caso de los gobiernos cuentan con un reto adicional dado que deben enfrentarse a sus propias estructuras organizativas, rígidas y jerárquicas, que son la principal barrera para el cambio de modelo.
